Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ha imputado a 24 integrantes del Ejército Nacional por su presunta implicación en la muerte de 11 civiles en Alto Remanso, Putumayo, el 28 de marzo de 2022.
Los imputados incluyen tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados profesionales.
Entre las víctimas se encuentran un gobernador indígena, un líder social y un menor de edad, lo que ha intensificado la gravedad de las acusaciones. Los imputados son el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, los sargentos segundo Cristian Gabriel Pérez Galindo y Maicol Andrés Quiñones Mendoza, los cabos primero Wilber Leonardo Rodríguez y Wilson Andrés Santamaría Ramos, junto con 17 soldados profesionales más.
Las investigaciones han revelado que, por orden del comandante del Batallón contra el Narcotráfico N°3, una unidad táctica fue desplegada en la zona para ubicar a alias Bruno, un cabecilla de los ‘Comandos Defensores de Frontera’, una estructura disidente de las FARC. A pesar de que se confirmó que ‘Bruno’ no estaba en el área, los uniformados, portando prendas oscuras diferentes a las tradicionales del Ejército Nacional, atacaron el caserío de Alto Remanso justo cuando finalizaba un bazar comunal.
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El Centro Estratégico de Valoración Probatoria (Cevap) de la Fiscalía documentó que durante dos horas y media, los militares dispararon aproximadamente 1.600 veces contra 13 casas, una caseta comunitaria, el polideportivo y el embarcadero. Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación.
En su informe, los militares reportaron que estaban en combate con un grupo armado organizado residual. No obstante, la Fiscalía ha concluido que las víctimas eran civiles en estado de indefensión. Entre los fallecidos están el gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío, un menor de edad y ocho personas más. Cinco civiles resultaron heridos, entre ellos una adolescente embarazada que dormía en su vivienda.
La Fiscalía ha imputado a los 24 miembros del Ejército Nacional los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida tentado. Los imputados no aceptaron los cargos.
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