Por posibles irregularidades en la adición del tramo Ocaña-Gamarra al proyecto Ruta del Sol II, la Fiscalía imputó cargos a la exministra Álvarez.
La exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen, enfrenta cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, la exfuncionaria no ha aceptado el cargo presentado en su contra.
Durante su periodo al frente del Ministerio de Transporte, que abarcó desde septiembre de 2012 hasta agosto de 2014, Álvarez avaló la adición de los otrosíes 3 y 6 al contrato de la ‘Ruta del Sol II’, los cuales incluyeron el tramo Ocaña (Norte de Santander) – Gamarra (Cesar) al proyecto vial.
Según las pruebas recopiladas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la exministra habría permitido la tramitación y celebración de dichas adiciones sin tener en cuenta las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto del Consejo de Estado.
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Las adiciones y las demás actuaciones se llevaron a cabo sin contar con estudios técnicos que las respaldaran, además de no contar con la autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), tal como lo exige la ley.
Adicionalmente, se ha determinado que el tramo Ocaña-Gamarra no guardaba relación alguna con el objetivo principal del contrato ‘Ruta del Sol II’, que era la conexión entre el centro del país y la Costa Caribe. En cambio, se trataba de una obra transversal con una orientación este-oeste, lo que requería un nuevo proceso de contratación por licitación pública.
La Fiscalía ha determinado que, en un intento por subsanar algunas de estas irregularidades, la exministra solicitó la convocatoria prioritaria del CONPES para declarar de importancia estratégica la autopista ‘Ruta del Sol’ y modificar el plan de inversión.
Por otro lado, se ha establecido que, para cumplir con varias cláusulas de los otrosíes y garantizar más fuentes de financiamiento para la concesionaria, en la que se encontraba Odebrecht, la exministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014 que permitió la instalación de dos nuevas estaciones de peaje y el aumento de las tarifas en otras cinco estaciones existentes.
Según la investigación, la exfuncionaria aparentemente favoreció a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ y benefició un proyecto fluvial en el río Magdalena que pretendía establecer una terminal en Gamarra (Cesar). Esto se debió a que se le garantizó una vía de acceso principal a través del tramo Ocaña-Gamarra, añadido a la ‘Ruta del Sol II’.
La investigación revela que Álvarez Correa-Glen tenía intereses particulares y no podía intervenir en la adición del tramo Ocaña-Gamarra debido a su participación previa en la junta directiva de varias sociedades relacionadas con la construcción del mencionado proyecto portuario multimodal. Además, varios familiares de su pareja tenían intereses económicos y eran accionistas en dichas sociedades.
