La Fiscalía General de la Nación imputó a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, relacionados con presuntas irregularidades en la contratación de un sistema de validación nacional para el ingreso a los estadios de fútbol.
El contrato, cuyo valor ascendía a 4.950 millones de pesos, tenía como objetivo implementar un software que permitiera asociar las boletas de ingreso a los estadios con los documentos de identidad de los hinchas, verificando antecedentes judiciales y mejorando las medidas de seguridad y control en estos espacios deportivos.
El Decreto 1622 de 2022 ordenaba que el proceso de contratación liderado por el Ministerio del Deporte debía garantizar la participación de varios oferentes. Sin embargo, la investigación indica que Urrutia presuntamente direccionó el contrato de manera directa, desconociendo las normas de contratación pública y los parámetros establecidos en la normativa.
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Presuntas irregularidades
Selección irregular del contratista: Urrutia habría condicionado la adjudicación del contrato a que intermediarios subcontrataran a una persona previamente designada, con la que ya habría acordado quedarse con el proyecto.
Advertencias ignoradas: La exfuncionaria desoyó las recomendaciones de su equipo técnico y jurídico, que en tres ocasiones alertaron sobre irregularidades en el proceso.
Falsedad documental: Se habrían incluido avales de funcionarios que no participaron en la estructuración del contrato, y se justificó el proceso sin realizar estudios de mercado ni establecer adecuadamente el costo del contrato.
Objeto del contrato alterado: Mientras que el decreto autorizaba la implementación del sistema de validación nacional, el contrato se enfocó en un análisis para su eventual implementación, lo que, según la Fiscalía, desvió el propósito inicial.
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