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Fiscalía imputó cargos a exdirectivos de la ANI

Oct 9, 2023

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por su presunta responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, relacionado con el trámite y aprobación irregular de varias adiciones al contrato de ‘Ruta del Sol II’. Estos exdirectivos habrían favorecido económicamente a la concesionaria contratista al flexibilizar condiciones técnicas y financieras.

Los implicados en esta imputación son el exvicepresidente de Gestión Contractual, Camilo Mendoza Rozo; el exgerente de Proyectos, José Andrés Torres Rodríguez; y el exvicepresidente jurídico, Héctor Jaime Pinilla Ortiz. Se les atribuye haber tramitado y permitido la aprobación de manera irregular de los otrosíes 1, 2, 4, 5 y 8 del contrato de concesión 001 de 2010, que corresponde a la ‘Ruta del Sol II‘.

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La investigación se basa en elementos de prueba que indican que, durante el ejercicio de sus cargos, estos exdirectivos formularon, avalaron y firmaron estudios de conveniencia, actas de comité de contratación, y otras actuaciones que facilitaron las adiciones al proyecto vial. Estas adiciones resultaron en modificaciones y ajustes en las condiciones financieras y técnicas del contrato en favor del concesionario, que incluía a la empresa Odebrecht, sin que existieran estudios adecuados y completos que justificaran tales cambios.

Peritos especializados de la Fiscalía han confirmado que una de las adiciones aprobadas implicó la disminución de la huella asfáltica, lo que redujo la calidad de la obra y disminuyó los costos de construcción en beneficio del contratista. Además, se autorizaron pagos por trayectos no terminados, se realizaron giros anticipados, se ampliaron plazos, se ajustaron cronogramas de obra, se pasaron por alto sanciones por demoras o falta de licencias ambientales, y se incluyó la construcción de la intersección de Puerto Boyacá, que no guardaba relación con el contrato original. Además, se comprometieron recursos y vigencias futuras sin la debida autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS).

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