Frente a la problemática del reclutamiento de menores, la Fiscalía, señala que investigan dos casos en jurisdicciones de La Plata, dos en Pitalito, uno en el norte del departamento y otro en el municipio de Algeciras.
En este sentido, el ente judicial, se articuló con las Unidades Nacionales Contra el Crimen Organizado y Contra el Terrorismo, quienes les dan un contexto de la situación criminal del departamento y la Fiscalía aporta la información desde el territorio, lo que permite adelantar las respectivas investigaciones.
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Las denuncias instauradas
En este sentido, Dayro Fernando Herrera, director Seccional de Fiscalías-Huila, indicó. “Se han registrado seis denuncias en el año 2023 y frente a este caso, dos fiscales de la unidad especializada, se encuentran investigando los hechos, con el propósito de establecer, si el delito de reclutamiento, existió, y en caso tal que se demuestre desde el punto de vista probatorio, conocer quiénes serían los autores o participes”.
Hasta el momento, los investigadores se concentran en el esclarecimiento de los hechos.
Y es que según la estudiante de la Universidad Externado, Paula Andrea Ramírez, en su trabajo denominado: El reclutamiento de menores en el conflicto armado colombiano. Aproximación al crimen de guerra, señala: “el reclutamiento de menores en Colombia, constituye un crimen de guerra contenido en la legislación nacional y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de innegable gravedad por la naturaleza de los derechos que resultan afectados con su comisión”.
La penalista, agrega que a los menores se les anula la dignidad y garantías fundamentales, al obligarlos a participar en conflictos armados, en los que son los blancos más fáciles de los enfrentamientos armados.
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Primeras declaraciones sobre reclutamiento
Hay que recalcar que la grave problemática, había sido denunciada por Edna Rocío Pinto, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Huila, quien expresó: “nosotros le apostamos a este nuevo proceso de Paz, pero sí le pedimos a los grupos al margen de la ley, que por favor no ‘toquen’ a nuestros hijos, o si son otros facciones que están realizando este clase de hechos, hay que denunciarlos”.
“Van siete niños que han sido reclutados en municipios del sur de la región, y a otros menores, los incentivan con dinero, les dicen que con la plata van a poder ayudar a sus progenitores, cuando estén en estos grupos, pueden tener lo que no les dan en el colegio”, agregó la líder.
Ante esta crítica situación, los afectados, solicitan que hagan talleres en las escuelas y colegios, para conocer que ‘rutas’ de acompañamiento que existen para las víctimas y así saber cómo actuar frente a esta problemática.
Asimismo, el mayor Edwin Humberto Mesu, comandante del Gaula-Ejército, había declarado: “hemos aprehendido a menores de edad en varias operaciones realizadas, los utilizan para hacer atentados y extorsiones, luego les pagan. Los disidentes, están instrumentalizándolos, para ejecutar acciones terroristas, debido a que las leyes para ellos son distintas”.
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Los armados generan miedo
La Fiscalía, indicó que la comunidad tiene miedo a denunciar. “Hay temor por parte de la comunidad y eso lo hemos estudiado incluso con el delito de extorsión, por ende invitamos a la ciudadanía para que confíen en nosotros y así investigar los casos”, agregó el funcionario.
Y es que “el control social es una de las afectaciones recurrentes en las zonas de operación del ELN, el Estado Mayor Central FARC-EP, las AGC20, y, en menor medida, la Segunda Marquetalia FARC-EP. Los GAI (Grupos Armados Ilegales), persisten en la imposición de justicia de facto como la expresión más significativa de este fenómeno, ya que conlleva a la sustitución de las funciones del Estado, y al mismo tiempo, a la ocurrencia de agresiones directas a la vida, libertad, integridad personal y seguridad física de la población”, indica el más reciente informe de la Organización de Estados Americanos.
Los GAI (Grupos Armados Ilegales), persisten en la imposición de justicia de facto como la expresión más significativa de este fenómeno, ya que conlleva a la sustitución de las funciones del Estado, y al mismo tiempo, a la ocurrencia de agresiones directas a la vida, libertad, integridad personal y seguridad física de la población, añade el texto.
