La Fiscalía considera que existe el fundamento porque el presidente Petro les dio carácter político.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, emitió la Resolución 0014 el pasado 9 de febrero, en la que solicitó al Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado la suspensión de órdenes de captura contra 20 personas que serían reconocidas como representantes del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc-EP, para acercamientos con el Gobierno nacional.
El 16 de febrero, el Fiscal General de la Nación envió una comunicación al presidente Petro, en la que solicitaba aclarar si 11 de esas personas hacían parte de un grupo armado organizado al margen de la ley que decidió no suscribir el Acuerdo de Paz de la Habana. El Fiscal preguntó si eran integrantes de alguna organización criminal con la cual se adelantara un nuevo Acuerdo de Paz.
El 8 de marzo, el presidente Petro respondió al Fiscal General en una comunicación en la que planteó sus razones constitucionales y legales para pedir la suspensión de esas órdenes de captura. Señaló que se excluía la solicitud inicial para suspender la orden de captura contra Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas, en la resolución 039 de 2023.
Después de sopesar los argumentos presentados por el presidente Petro, el Fiscal General de la Nación decidió suspender las órdenes de captura dictadas o que sean dictadas en contra de 19 personas. Ninguna de las personas solicitadas en la resolución 039 de 2023, en la que ya estaba excluido alias Jhon Mechas, tienen órdenes de captura con fines de extradición.
Es importante destacar que esta decisión es diferente a la solicitud hecha por el presidente el 11 de enero de este año, que buscaba beneficiar a miembros del Clan del Golfo y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC; narcotraficantes y paramilitares. En ese caso, la Fiscalía consideró que no existía un fundamento jurídico y constitucional para pedir el levantamiento de esas órdenes de captura.
En este caso concreto, la Fiscalía considera que existe el fundamento porque el Presidente Petro le dio carácter político a los disidentes que no firmaron el Acuerdo de Paz de la Habana y a los disidentes que firmaron el Acuerdo de Paz de la Habana y lo incumplieron. En ese sentido, es una decisión política del Presidente de la República de avanzar en los diálogos.
Es importante destacar que los procesos penales y de extinción de dominio contra estas personas continúan vigentes y esta decisión no afecta su desenlace. La Fiscalía General de la Nación y el Fiscal General de la Nación apoyan la Paz Total bien hecha, y acompañan institucionalmente su ejecución.
