La sana intencionalidad que ha tenido el gobierno nacional para buscar el sendero de la paz total con todos los actores generadores de violencia en el país empieza a generar dentro del gobierno la más grande desilusión porque el fracaso que ha tenido, ad-portas de cumplir los 20 meses de la posesión del primer mandatario de los colombianos. Desde esta tribuna de opinión hemos sido reiterativos. No se están negociando con los angelitos de la guarda. Por el contrario, las mesas de dialogo que se han implementado con estas organizaciones narcoterroristas, lo que han buscado es que el Estado suspenda todo el accionar ofensivo de las Fuerzas militares y de la Fuerza Pública. Por eso el debilitamiento progresivo que han presentado, porque se capacidad de respuesta ha sido a la defensiva. Resultado de lo anterior, es el avance de la presencia territorial de estos grupos criminales en la mayoría de los territorios de Colombia.
Hay que reconocerle al gobernador del Huila la gestión gubernamental para fortalecer la seguridad de los huilenses. Muy sanas las intenciones para que las instancias nacionales le apoyen con mayor presencia de la fuerza pública y de la policía nacional. Desafortunadamente el cese de hostilidades que ha tenido el gobierno nacional con estas organizaciones criminales solo ha servido para que se fortalezcan militarmente. Se siguen reclutando menores de edad, aumento desproporcionado de las extorsiones y vacunas a todos los agentes económicos, con la creación de la oficina paralela a la Dian en las montañas del país, para que vayan a tributar con el impuesto de guerra. Y como si fuera poco, han creado otra oficina paralela a las funciones que realiza la Registraduría Nacional del Estado Civil en estos mismos sitios. Están empadronando y carnetizando a todas familias rurales de manera obligatoria. Allá no vale la cédula de ciudadanía. Tiene validez el documento de identificación y el paz y salvo del pago de las extorsiones emitidas por dichos grupos subversivos.
Siempre afirmamos que el cese de hostilidades, en el marco de la política de paz total del Gobierno, no podía ser el caldo de cultivo para que avancen fenómenos que están causando un gravísimo perjuicio al país al obstaculizar la dinámica productiva del país, proliferación de bloqueos y extorsiones que se han agudizado en el último año. Han dejado una estela de atentados terroristas contra los establecimientos empresariales y comerciales, los cuales han dejado pérdidas millonarias, provocando despidos y han puesto en peligro el suministro de bienes y servicios a la economía nacional, con la anuencia del gobierno del cambio. A buena hora el presidente Petro, ordenó nuevamente a las Fuerzas Militares y a la Fuerza Pública, retomar la ofensiva contra estas estructuras. Ojalá no se vaya a arrepentir. El Estado no puede entregarse a la voluntad de la criminalidad.