Por: Juanita Tovar
La reciente decisión del Reino Unido de exigir visas a los colombianos ha causado un gran revuelo tanto en Colombia como en Europa. Para muchos, esta medida se percibe como un estrepitoso fracaso de la diplomacia y la cooperación bilateral entre ambos países, particularmente después de que, en 2022, los colombianos pudieron viajar a Reino Unido sin necesidad de visa. Este cambio, que tiene profundas implicaciones tanto para los ciudadanos colombianos como para las relaciones internacionales, ha generado un torrente de opiniones divididas: mientras algunos lo ven como un retroceso y una muestra de desconfianza hacia Colombia, otros argumentan que, detrás de esta decisión, hay realidades complejas que no podemos ignorar.
Es indiscutible que, en los últimos años, el Reino Unido ha sido uno de los destinos más deseados por los colombianos que buscan una mejor calidad de vida, empleo o educación. Con la posibilidad de entrar sin visa, miles de compatriotas se beneficiaron de la apertura de fronteras, desplazándose a ese país en busca de un futuro mejor. Sin embargo, esta ventaja también abrió la puerta a una serie de actividades ilícitas que, si bien no fueron las motivaciones principales de la mayoría de los viajeros, terminaron por manchar la imagen del país y de sus ciudadanos.
En los últimos años, las autoridades británicas han señalado el creciente involucramiento de ciudadanos colombianos en actividades criminales en su territorio. Aunque la mayoría de los colombianos que viajaron al Reino Unido no tenían intenciones delictivas, hubo una cantidad significativa que aprovechó la facilidad de la entrada sin visa para involucrarse en el tráfico de drogas, la trata de personas y el lavado de activos.
El narcotráfico, una de las actividades ilícitas más emblemáticas asociadas a Colombia, encontró en el Reino Unido y Europa un mercado dispuesto a recibir sustancias provenientes de América Latina. La infraestructura portuaria y aeroportuaria del Reino Unido se convirtió en un punto estratégico para el tráfico de cocaína, y algunos colombianos se vieron involucrados en todas las fases de esta cadena ilegal, desde los envíos hasta el blanqueo del dinero obtenido.
Otro delito que creció en este periodo, fue la trata de personas, especialmente mujeres jóvenes que, engañadas con promesas de trabajo o educación, terminaban siendo víctimas de explotación sexual o laboral en el Reino Unido. Las redes de trata de personas, muchas de ellas organizadas por colombianos, operaron con una alarmante facilidad, alimentando la percepción negativa sobre los viajeros de Colombia.
No menos importante es el fenómeno del lavado de activos. Con la facilidad para mover dinero entre países, los delincuentes colombianos encontraron en el sistema financiero británico, un refugio para sus capitales ilícitos. Empresas fantasmas, inversiones en bienes raíces y otros mecanismos fueron utilizados para “blanquear” los frutos del narcotráfico y otras actividades ilegales, lo que contribuyó a la creciente desconfianza de las autoridades británicas.
Estas actividades criminales no solo afectaron a las víctimas directas, sino que también tuvieron un impacto negativo en la reputación de los colombianos que, de manera legítima, buscaban mejorar su calidad de vida o aportar al desarrollo del Reino Unido en campos como la educación, la tecnología o la cultura. La realidad es que, aunque los actos delictivos representaron una minoría, el daño a la imagen del país fue significativo y no pasó desapercibido para los gobiernos y organismos de seguridad internacionales.
En solo dos años, los esfuerzos diplomáticos entre Colombia y el Reino Unido, que parecían haber alcanzado un nivel de cooperación sin precedentes, se vinieron abajo. En 2021, el Reino Unido tomó la decisión de permitir la entrada sin visa a los colombianos, un gesto que fue celebrado como una señal de confianza en el progreso de Colombia, especialmente en términos de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, esta apertura se fue viendo empañada por los episodios de criminalidad mencionados anteriormente.
Aunque el gobierno colombiano reaccionó con medidas enérgicas para frenar estas actividades, la percepción de que no se estaban tomando acciones suficientes, o de que las autoridades no lograban erradicar los grupos criminales que operaban desde Colombia, provocó la pérdida de confianza en la política migratoria flexible. Por otro lado, la diplomacia colombiana, que al principio pareció tener un sólido respaldo, comenzó a ser vista con escepticismo, y el Reino Unido optó por dar un paso atrás, imponiendo nuevamente el requisito de visa para los colombianos.
La decisión del Reino Unido de revertir la política de exención de visa no es simplemente un reflejo de la incapacidad de la diplomacia colombiana para manejar la situación, sino también una respuesta a una realidad más compleja: la lucha contra las redes criminales transnacionales, que no conoce fronteras, requiere un esfuerzo conjunto que a menudo no se concreta con la rapidez que los gobiernos desearían. Si bien es cierto que Colombia ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, aún queda mucho por hacer, y la presencia de estos grupos en Europa, particularmente en el Reino Unido, muestra cuán profunda y global es la problemática.
¿Qué aprendemos de todo esto?
La nueva exigencia de visa por parte del Reino Unido a los colombianos puede parecer un estrepitoso fracaso de los esfuerzos diplomáticos y de la cooperación bilateral, pero es esencial reconocer que, detrás de esta medida, hay una realidad innegable: la delincuencia organizada colombiana se aprovechó de la apertura de fronteras para expandir sus actividades en Europa. Esto no solo afectó a las víctimas de estos delitos, sino que también empañó la reputación de los colombianos que legítimamente buscaban una vida mejor.
Si algo queda claro es que, en el ámbito de las relaciones internacionales y la seguridad, las concesiones no pueden basarse únicamente en gestos diplomáticos, sino en un compromiso real y sostenido para erradicar las causas que generan estos problemas. La diplomacia colombiana, a pesar de los esfuerzos realizados, no logró frenar la expansión del crimen organizado a gran escala, y el Reino Unido, ante la creciente evidencia de actividades ilícitas vinculadas a ciudadanos colombianos, ha tenido que tomar decisiones difíciles para proteger su seguridad y su orden público.
La lección es que la confianza en las relaciones internacionales no se gana solo con medidas simbólicas, sino con resultados concretos. En última instancia, tanto Colombia como el Reino Unido.
