Carlos Alberto Leal Niño
Presidente JD Acipet
Un grupo de 50 congresistas firmó una carta dirigida al presidente Duque, para solicitarle la suspensión del proceso de contratación para la ejecución de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) y los Contratos Especiales de Proyectos de Investigación en yacimientos no convencionales (YNC), alegando que las decisiones se han tomado en un tiempo desconcertante y no se ha generado un debate riguroso sobre los dos proyectos de ley, que buscan prohibir el fracking en Colombia.
Lo que resulta desconcertante, es el desconocimiento por parte de este grupo de congresistas al trabajo que ha realizado de manera consensuada el Gobierno Nacional en los últimos años. El país no está improvisando, luego de un juicioso estudio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció que Ecopetrol, bajo un ambiente controlado, tendrá a cargo el proyecto piloto Kalé, el cual está ubicado en el Valle Medio del Magdalena (VMM) y contará con una inversión de US$76,7 millones, donde se espera inicie la perforación en el segundo semestre de 2021, una vez surtan los trámites de licenciamiento ambiental.
Igualmente, la petrolera debe contar con las líneas base ambientales, sociales e hídricas, que son el punto de partida para realizar las mediciones de los efectos e impacto que tenga el piloto en la zona, así como labor de socialización y acompañamiento de la comunidad de la zona de influencia, para garantizar la seguridad en las operaciones de los PPII; por lo que no resulta serio con el país emitir este tipo de comunicaciones de tinte netamente mediático y con intereses políticos.
Además, según la información del Gobierno, las demás compañías que llevarán a cabo los PPII en el VMM son de reconocida experiencia como ExxonMobil, mientras que el otro proyecto se desarrollará en la cuenca Cesar-Ranchería en La Guajira por Drummond. Si estos pilotos se ponen en marcha, se prevé que exista un potencial para ampliar las reservas de petróleo de 6,3 años hasta un rango entre 8 y 22 años, mientras que en gas podrían incrementar de 8,1 años hasta entre 35 y 50 años.
Es por lo que, los argumentos de la referida comunicación demuestran un desconocimiento total de la política energética y de la dinámica del sector de hidrocarburos; esta corta visión se nota en el desconocimiento de la crisis a la que se enfrentaría la economía del país ante una eventual importación de combustibles, o el no entendimiento de las razones por las que se exportan hidrocarburos, con las cuales se generan ingresos a la Nación que representan 3,4% del PIB.
Pero si por un lado existen estas posiciones obtusas, debemos celebrar la iniciativa de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que convocó mesas técnicas en donde todos los interesados presentaron sus argumentos a favor y en contra de este crucial proyecto para el país. En ese sentido, desde la academia y los gremios se ha ofrecido la realización de nuevas sesiones, para ahondar en conceptos técnicos y científicos que expliquen las razones por las que estamos listos para incursionar en este proyecto.
La iniciativa de la Comisión Quinta debería replicarse por el pleno del órgano legislativo, para que así todos y cada uno de quienes toman las decisiones sobre los YNC, lo hagan con conocimiento de causa y de una manera responsable.
