Por: Juanita Tovar Sandino
Esta es la historia de una sentencia judicial que saca a flote un golazo que le metieron a la fiscalía. Se trata de la condena que profirió el Tribunal Superior de Bogotá contra Claudia Elena Lozano Doria, quien ejerció como fiscal entre julio de 2004 y febrero de 2010, sin ser abogada, y fue declarada responsable de los delitos de uso de documento falso y fraude procesal. Lozano Doria utilizó una tarjeta profesional de una ex amiga, para poder ser designada repetidamente como fiscal, sin cumplir con los requisitos legales.
Este caso plantea serias preocupaciones sobre la integridad y la eficacia de la Fiscalía General de la Nación, que deben ser abordadas con urgencia. Aunque la responsabilidad penal recae sobre Lozano Doria, es imperativo reconocer que la Fiscalía también tiene una cuota de responsabilidad al permitir que una persona sin la cualificación adecuada ocupara un cargo de tal magnitud. La Fiscalía debe implementar medidas técnicas y adecuadas para prevenir la repetición de estos sucesos. La designación de fiscales no solo debe basarse en la verificación exhaustiva de los antecedentes y credenciales, sino también en un control interno robusto que garantice la autenticidad y la idoneidad de los candidatos.
La actuación fraudulenta de Lozano Doria no es un hecho aislado; pone en evidencia una vulnerabilidad en los procesos de selección y supervisión de la Fiscalía. La falsificación de documentos y la obtención de cargos sin los méritos necesarios no solo socavan la confianza pública en el sistema judicial, sino que también comprometen la legitimidad de todas las acciones legales emprendidas por la persona involucrada. Esto plantea una problemática crítica: las posibles nulidades de los casos en los que Lozano Doria actuó como fiscal.
Cada caso en el que Lozano Doria impulsó la acción penal estaría potencialmente viciado por la falta de legitimidad en su designación. Esto no solo podría dar lugar a la anulación de sentencias y decisiones judiciales, sino también a la necesidad de revisar y repetir procesos enteros, lo que conlleva un enorme costo en términos de tiempo, recursos y confianza en la justicia. Además, las víctimas y los acusados en esos casos se enfrentan a una incertidumbre y una posible revictimización al tener que atravesar nuevamente procedimientos judiciales.
El tratamiento de estos casos debe ser meticuloso y justo. La Fiscalía y el poder judicial deben revisar cada actuación de Lozano Doria para determinar si las decisiones pueden mantenerse en pie a pesar de su falta de legitimidad. En algunos casos, podría ser necesario repetir los juicios o revisar las condenas, lo cual subraya la necesidad de un proceso transparente y justo para todas las partes involucradas.
En conclusión, el caso de Claudia Elena Lozano Doria es una llamada de atención para la Fiscalía General de la Nación y para todo el sistema judicial colombiano. Es clave que se implementen medidas efectivas para prevenir la repetición de tales incidentes, asegurar la integridad de los procesos judiciales y mantener la confianza en el sistema de justicia. Solo a través de un control interno riguroso y una supervisión constante se puede garantizar que aquellos que están encargados de impartir justicia lo hagan con la legitimidad y la competencia que el cargo exige.
