Con medida privativa de la libertad funcionario que presuntamente intentó extorsionar a una mujer que tenía un problema con un local comercial.
A Wilton Arley Loaiza Parra la Fiscalía lo judicializó por tentativa de extorsión agravada, delito del que al parecer fue víctima una mujer desde el 7 de febrero pasado en Neiva (Huila). El imputado se declaró inocente.
Según los hechos, la víctima tiene un local arrendado que presenta un problema de espacio público, por lo que acudió en enero pasado a la Dirección de Justicia con el fin de verificar la situación. Allí labora el hoy judicializado y quien le dio su número telefónico.
El pasado 7 de febrero, la mujer habría recibido un mensaje de texto a su celular por parte de Loaiza Parra, quien le solicitó los datos del propietario del local y luego llegó afirmando que había una orden de demolición del mismo para el 22 de febrero, pero que la fecha se podía correr si le entregaba la suma de 10 millones de pesos.
Al día siguiente el procesado manifestó que podía ayudarle con la situación y que debía entregar 8 millones de pesos, para que la orden de demolición le saliera hasta diciembre o de ser posible que la archivaran. El 9 de febrero, ya habría rebajado la suma a 4 millones de pesos.
El 11 de febrero llegaron al local dos hombres quienes al parecer pegaron el aviso de demolición programado para el 22 de febrero, por lo que las víctimas radicaron una solicitud de nulidad al acto administrativo. Sin embargo, el hoy judicializado al parecer insistió en que eso se podía solucionar por la cifra antes solicitada, pero la víctima afirmó no tener dinero.
Finalmente, el hoy capturado le dijo a la afectada que le podía pagar en dos contados, por lo que el pasado 15 de febrero, luego de denunciados los hechos y en medio de un plan antiextorsión, Loaiza Parra fue capturado cuando iba a recibir los dos millones de pesos por miembros del CTI Gaula Huila en coordinación con Gaula Militar, en el establecimiento comercial de la víctima ubicado en el barrio Los Dujos de Neiva (Huila).
La Fiscalía interpuso recurso de apelación sobre la decisión del juez de garantías de imponer medida de aseguramiento en lugar de residencia en contra del hombre, pues la medida solicitada fue en centro carcelario.
