Por: José G. Hernández
Han llegado al país los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya visita tiene como objeto considerar la situación generada por posibles formas de vulneración de derechos humanos en nuestro territorio, particularmente en el curso de las protestas sociales.
En este momento, cuando hay numerosas denuncias sobre excesos de la fuerza pública, capturas ilegales, armas en manos de civiles, un número indeterminado de muertos y desaparecidos y, a la vez, bloqueos indefinidos que también vulneran derechos y causan enorme daño a la economía y a la colectividad, lo que la Comisión pueda concluir y recomendar al Gobierno es muy importante.
En todo caso, vale la pena recordar: la garantía del respeto y la efectiva protección a los derechos esenciales de todas las personas, sin discriminaciones, son obligaciones del Estado y de las autoridades (artículos 1, 2, 5, 13 y 93 de la Constitución, entre otros). Deberían ser verdaderas políticas de cualquier gobierno, y tan evidentes en la vida real que no se requiriera una verificación como esta, ni gran esfuerzo probatorio para demostrarlas, ni para probar que no hay violaciones de los derechos y las libertades.
Anuncia el presidente de la República, con miras a la garantía de los derechos humanos: «Le he dado una instrucción al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional para que se expida un decreto que modernizará la estructura orgánica de la Policía Nacional para fortalecer la política de defensa, protección y tutela de los derechos humanos». No se ha señalado el contenido de las posibles reformas -salvo el cambio de color en los uniformes, que serán azules-, pero caben algunas respetuosas observaciones:
Un decreto -cuya expedición compete al Presidente, no al ministro, aunque lo debe firmar con él (Art. 115 C.P.), ni al director de la Policía- no es el instrumento para reformar la estructura orgánica de dicha institución. El artículo 218 de la Constitución dispone: “La ley organizará el cuerpo de policía”.
Por otra parte, más allá del color de los uniformes -que es lo de menos-, en lo que se debe pensar es en el fondo de los problemas y en las posibles soluciones y reformas, con toda precisión sobre lo que se quiere conjurar, y ojalá con participación de la comunidad y la academia.
Desde luego, si ya el Gobierno habla de introducir reformas a la Policía a raíz de lo que viene ocurriendo, debe ser por considerar que hay irregularidades y entender que deben ser superadas. En ello estamos de acuerdo, pues se debe preservar y reivindicar a la Policía Nacional, que tantos servicios ha prestado al país en el pasado. Lo que hayan hecho algunos de sus miembros -que deben ser investigados y sancionados, como lo anuncia el Presidente- no debe llevar al desprestigio de la institución.
Por último, es increíble que, en medio de una crisis tan grave como la actual, el Gobierno y el Comité del Paro suspendan las negociaciones porque ni siquiera han podido coincidir acerca de algo tan elemental como saber si un documento firmado es un borrador o un acuerdo. Se requieren con urgencia soluciones oportunas y pacíficas.
