Por: Diana Lucia Montes Cabrera
Garzón es un territorio donde sus habitantes siempre han persistido en el ejercicio de la democracia y su espíritu de confraternidad que los acompaña se ha manifestado en trabajos sociales en los cuales intervienen los integrantes de una comunidad. Es decir, que, en el corazón de los garzoneños, siempre ha existido una vocación comunitaria. Por esa razón, la asociación municipal de juntas de acción comunal de Garzón, está invitando a participar del IX foro comunal este 29 de septiembre del presente año, con la participación de todos los candidatos a la Alcaldía para el periodo 2024 -2027.
Las 125 juntas de acción comunal y 9.500 asociados buscan concertar con los candidatos las políticas de participación comunitaria para el desarrollo integral del campo.
Realmente, las instituciones del estado no se han percatado de la importancia que tienen para el desarrollo económico social, estas juntas que se impusieron en Colombia a partir de 1958 bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo y que fueron el fruto de una experiencia colombiana en la Vereda Saucito de Municipio de Choconta en 1955 como aplicación de unas prácticas indígenas de ayuda mutua, entre las cuales se destacan la minga, el convite, la mano vuelta, con las cuales se generaban acciones para beneficio común en los espacios públicos.
Se ha considerado que fue una estrategia importante para combatir la violencia entre liberales y conservadores que afloró a mitades del siglo pasado. Con ellas se le quería integrar acciones entre unos y otros. Hoy esas juntas se han desarrollado en forma política, administrativa y jurídica en tal forma que pueden convertirse en interlocutoras de las autoridades territoriales para trazar proyectos y programas que contribuyan al ascenso económico y social de los moradores. Por esta razón actualmente las juntas de acción comunal pueden suscribir convenios solidarios con las entidades territoriales acorde con sus planes y desarrollos. Estos convenios pueden tener como objeto la ejecución de obras y Las entidades deberán contar con personal técnico y administrativo para apoyar y supervisar a los organismos de acción comunal.
