El oficial en retiro fue afectado con medida no privativa de la libertad, y seguirá vinculado al proceso como posible cómplice de los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y tentativa de homicidio.
La Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del general en retiro Carlos Enrique Rodríguez González, investigado por su presunta participación en hechos relacionados con el homicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, del concejal de Soacha (Cundinamarca) Julio Cesar Peñaloza Sánchez y del escolta Santiago Cuervo Jiménez; y las heridas causadas al señor Pedro Nel Angulo Bonilla, el 18 de agosto de 1989, en Soacha (Cundinamarca).
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos determinó que el oficial en retiro deberá cumplir medida no privativa de la libertad, que contempla atender todos los llamados judiciales, observar buena conducta, prohibición para salir del país y el pago de una caución equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En ese sentido, el procesado seguirá vinculado como posible cómplice de los delitos de homicidio agravado con fines terroristas y tentativa de homicidio.
De acuerdo con el material de prueba obtenido, el general en retiro, quien para la época de los hechos era teniente de la DIJIN de la Policía Nacional, se habría concertado con algunos de sus superiores para intentar desviar la investigación por el magnicidio. Es así como el 22 de agosto de 1989, lideró un operativo en el que fueron capturadas varias personas señaladas de participar en el crimen, las cuales posteriormente fueron declaradas inocentes e indeminazadas por el Estado.
Este proceso se sigue dentro de los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal)