El expediente por ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Huila en contra de cuatro generales y un coronel en retiro del Ejército nacional pasaron a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Para la Jurisdicción Especial para la Paz, estos militares tuvieron algún tipo de responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.
Diario del Huila, Panorama
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a varios militares por su presunta responsabilidad en casos de falsos positivos en el departamento del Huila. Entre los imputados se encuentra el general (r) Jaime Lasprilla, quien fuera comandante del Ejército. Según la JEP, estos militares tendrían alguna responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2005 y 2008 en dicha región.
Los militares tuvieron un plazo para responder si aceptaban o no la imputación. Ninguno de ellos optó por reconocer su responsabilidad, lo que ha desencadenado que los excomandantes de la Novena Brigada, el mayor general (r) Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, y el brigadier general (r) William Fernando Pérez Laiseca, así como el mayor general (r) Marcos Evangelista Pinto y el teniente coronel (r) Fernando Moncayo, enfrenten un juicio.
La imputación se basa en la presunta participación de estos militares en ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en el Huila durante el periodo mencionado. Según la JEP, se ha identificado a los acusados como máximos responsables de los hechos y conductas determinados en el subcaso de falsos positivos en el Huila. Sin embargo, los acusados niegan cualquier implicación en los crímenes que se les imputan.
En un auto emitido por la sala de reconocimiento de la JEP, se establece que los comparecientes no reconocieron su responsabilidad como autores por omisión o coautores de los crímenes imputados, ni su papel en los patrones macrocriminales identificados. Como resultado de esta negativa por parte de los comparecientes, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para su competencia.
Si los acusados son encontrados culpables en el juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión. Este proceso judicial representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de los falsos positivos en el Huila y en la consolidación del proceso de paz en Colombia.
El expediente
El complejo expediente hace referencia a 200 asesinatos, 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio que habrían sido ejecutadas por integrantes del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’, Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11y a la IX Brigada.
En uno de los apartes del caso se indica que “192 de las 264 muertes reportadas por esas unidades militares, entre 2005 y 2008, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate”, pese a que las pruebas documentales y testimoniales indican que no se habrían presentado estos combates. Por esto, en noviembre de 2023, la JEP calificó estos hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Para la Sala, los oficiales tenían conocimiento claro de las irregularidades en la presentación de cifras de bajas en combate. Igualmente, dieron órdenes precisas para que se alteraran las acciones y se presentaran a civiles ajenos a la confrontación armada como integrantes de grupos armados ilegales en el departamento del Huila. “Incumplieron sus obligaciones constitucionales”.
“Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes. Sus omisiones contribuyeron a la consolidación de los tres patrones macrocriminales documentados en el Subcaso Huila, una de las seis zonas priorizadas en la investigación”, señala uno de los apartes de la decisión que calificó esta situación como un caso de lesa humanidad.
En este punto se advierte que oficiales del Ejército, que comandaban las respectivas Brigadas y Batallones, dieron órdenes para que se estigmatizara a la población civil “mediante un señalamiento arbitrario de pertenecer un grupo armado. La preparación, ejecución y encubrimiento evidencian un alto nivel de planificación”.
Igualmente, “se buscaba lograr la percepción de ‘debilitamiento del enemigo’ y se alegaba debilidad institucional para la judicialización de los supuestos colaboradores de los grupos armados”. Las víctimas eran personas de bajos recursos, con problemas de drogadicción o habitantes de calle. “Estas acciones se basaban en actividades de inteligencia que contradecían los procedimientos de la doctrina militar”.
Desde un principio sabían que los civiles retenidos no hacían parte de la guerrilla de las Farc y pese a esto los presentaron, en los informes oficiales, como subversivos abatidos en combate. “La Sala de Reconocimiento de la Verdad logró esclarecer la ocurrencia de conductas criminales perpetradas en la región hace varios años y sobre los que la Justicia Penal Militar no logró avances significativos, pese a las denuncias que hubo en su momento”.
Con la presentación de estas cifras se buscaban demostrar resultados operacionales en esa región del país para así obtener ascensos, reconocimientos y hasta vacaciones.
Responsabilidad directa
Para el caso del coronel (r) Fernando Moncayo Guancha, exsubcomandante del Batallón de Infantería Nro. 26 -Cacique Pigoanza, en Huila. La JEP lo acusa ahora de tener una responsabilidad directa en 44 ejecuciones extrajudiciales y en un intento de asesinato durante su tiempo en el mencionado batallón.
La acusación surgió después de que la JEP lograra contactar a Moncayo, quien actualmente reside en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, y ofreció una versión voluntaria virtual a comienzos de este año. En esta nueva etapa del proceso, se le atribuye a Moncayo un papel líder en la creación y ocultamiento de un patrón de crímenes a gran escala, aprovechando su posición como exoficial de operaciones del Batallón Cacique Pigoanza.
La Sala de Reconocimiento de la JEP subrayó que hay «base suficiente para entender que su actuación correspondió al ejercicio de un rol de liderazgo frente a la consolidación de los patrones macro criminales». La acusación se centra en la emisión irregular de misiones tácticas utilizadas para «legalizar» los asesinatos cometidos bajo su mando.
“Moncayo estuvo adscrito al Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’, entre el 19 de mayo de 2006 y el 20 de agosto de 2008, periodo en el que desempeñó los cargos de comandante de compañía, oficial de operaciones y segundo comandante, bajo los grados de capitán y mayor”, señaló la JEP.
Crímenes de lesa humanidad
Es de recordar que JEP, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 35 militares retirados y activos de cuatro unidades del Ejército Nacional que operaron en Huila por 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio.
En el caso de los mayores generales (r) Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, junto a los 30 comparecientes que se desempeñaron como integrantes de los pelotones, comandantes de pelotón y compañía de las cuatro unidades priorizadas, todos deben responder a título de coautores por los crímenes que se les imputan.
La Sala consideró que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos.
