Por: Jaime Felipe Lozada
Pocas cosas le hacen tanto daño a una nación como invertir los valores y romantizar actos que no deberían ser glorificados ni considerados acciones altruistas. En esta ocasión, abordaré lo que considero una decisión política equivocada y sin sentido, además de una herencia nefasta que el actual gobierno está dejando a la sociedad colombiana, en especial a los jóvenes.
Para nadie es un secreto que el entonces candidato a la presidencia y hoy presidente Gustavo Petro prometió pacificar a Colombia. Entre muchas otras promesas incumplidas, afirmó que lograría un acuerdo de paz con el ELN en un plazo no mayor a tres meses. Sin embargo, ya han pasado dos años y medio, y este grupo terrorista se ha fortalecido más que nunca, mangoneando al gobierno y exigiendo continuar con unas negociaciones en las que nadie confía, salvo el comisionado de paz y los colaboradores más cercanos al presidente. Tampoco es un secreto el famoso “pacto de la Picota”, que consistió en ofrecer beneficios jurídicos a narcotraficantes y delincuentes encarcelados —ofrecimientos hechos por el hermano del presidente— a cambio de apoyo político y votos.
De esta manera, y cumpliendo con su palabra, Gustavo Petro ha nombrado como gestores de paz a algunos de los más grandes criminales de nuestra historia reciente, sin que se aclaren realmente sus funciones o responsabilidades. Un ejemplo es la designación de Alexander Farfán, alias Gafas, infame carcelero de la guerrilla, quien se aprovechó de la indulgencia —o, según algunos, complicidad— del gobierno y, quien apenas firmó los compromisos exigidos por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, partió rumbo al Cauca para liderar una de las estructuras criminales del Estado Mayor Central y asociarse en el mundo del hampa con Iván Mordisco.
La cereza del pastel de impunidad horneado por el actual gobierno se dio a conocer esta semana con la designación de 18 excomandantes paramilitares como gestores de paz. Entre ellos se encuentra Hernán Giraldo Serna, alias El Monstruo de la Sierra Nevada o El Taladro, exlíder del frente Resistencia Tayrona de las AUC, designado para «contribuir con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición». Sin embargo, lo que el gobierno olvida es que este mismo individuo fue expulsado de Justicia y Paz precisamente por reincidir en crímenes de violencia sexual contra menores de edad.
Este es un gobierno cómplice, permisivo y benefactor de criminales. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que desatiende a los empresarios y ciudadanos de bien, mientras consiente y brinda beneficios y reconocimiento a los delincuentes? ¿Qué pensará un joven cuyos padres se endeudan para brindarle educación y que debe enfrentar un mercado laboral difícil, al ver los beneficios a estos criminales? ¿No se preguntará si quizás es más rentable delinquir para que el gobierno lo llame y lo nombre gestor de paz o le asigne un sueldo de un millón de pesos, como ocurre en ciertos programas, en lugar de estudiar y trabajar?
Bajo el sofisma de la “paz total”, no podemos permitir que Gustavo Petro continúe invirtiendo la escala de valores y nos lleve de regreso al pasado en materia de seguridad.
¡Qué desastre!
