Darío Quilindo Piso fue acusado del delito de lesiones personales dolosas. Los hechos ocurrieron en el resguardo indígena ‘La nueva esperanza’ de La Plata (Huila).
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
Por: Carlos Andrés Pérez Trujillo
Hace tan solo unos días la Corte Constitucional conoció el caso de una supuesta agresión de un gobernador indígena sobre uno de los comuneros.
El hecho se registró en 2019 en la vereda San Martín, vereda La Esperanza, del municipio de La Plata (Huila). Según el reporte preliminar, señalado en el auto del máximo tribunal constitucional: “el 12 de abril de 2022, la Fiscalía 28 Local de La Plata (Huila) presentó escrito de acusación contra el señor Darío Quilindo Piso por el delito de lesiones personales dolosas presuntamente cometido sobre el señor Gilberto Muñoz Muñoz.
Mediante dicho documento el ente acusador expuso como hechos jurídicamente relevantes que, de acuerdo con la narración de la víctima, para el año 2019, el señor Quilindo Piso lo atacó en “varias oportunidades”. Entre estas, refirió que una agresión tuvo lugar en su domicilio, otra, en una carretera, oportunidad en la que también le ocasionó lesiones a su hijo; otra, en una finca haciendo uso de “machetes y garrotes” y, finalmente, una donde él y otro de sus hijos fueron amarrados en presencia de la “guardia indígena” que acompañaba en aquel entonces al victimario”.
La versión del exgobernador
La versión del denunciado y exgobernador de este cabildo indígena, Darío Quilindo Piso, es diametralmente opuesta a lo narrado por Muñoz. Según las palabras de Quilindo, el señor Muñoz no era de la comunidad, pero su cercanía e inclusión se dio debido a que su esposa, Florinda Peteche, sí era del resguardo.
“El señor Muñoz no se acogía a las normas de la comunidad, no solamente fueron conmigo sino con varias personas. Fueron repetitivos. Era una persona que no acataba nada, ni escuchaba ni nada. Por el solo hecho de ser esposo de alguien de la comunidad y tener hijos con ella, tolerábamos y tolerábamos. Hubo llamados de atención, y eso, pero él no acataba nada”, resaltó Quilindo.
“La comunidad en pleno, en Asamblea, por no tener una buena convivencia con ellos y porque no comparten los reglamentos internos, las políticas indígenas, pues era necesario destituirlos, sacarlos del territorio”.
La expulsión del territorio
Dentro del proceso se deja claro que para junio de 2022 se acreditó no solo la existencia legal del resguardo, sino la representación legal del mismo por la gobernadora Flor Dely Chávez Basto. Así mismo, se indica que en acta del 22 de abril de 2022 , que tenía como asunto “Caso de la familia Peteche”, se consignó, entre otras cosas, que “(…) la asamblea […]realizó la socialización del caso de la familia Peteche y se dio la aprobación de la comunidad que se recogiera dicho proceso para continuarlo dentro del territorio” con firma de la gobernadora. En dicha oportunidad se determinó que si dicha familia no se “comporta bien” se le aplicará el remedio de “expulsión del censo poblacional”.
Allí también se dejó claro las citaciones a varios miembros de la familia Peteche a conversatorios ante las autoridades indígenas del resguardo, además, numerosas actas de asuntos relacionados con contravenciones de la familia Peteche.
De acuerdo con dicho por Quilindo, en la versión que él le dio a la justicia decía que él era el que lo había agredido, “pero yo nunca lo toqué”, indicó. “En el cabildo tenemos una guardia indígena que nos hace acompañamiento a esos procesos. Quienes procedían eran personas de la comunidad, guardias, obviamente con autorización mía. Siempre buscamos el diálogo, tenemos las actas, pero eso no fue posible. De él eran insultos, agresiones. Por esa razón tuvimos que llegar a este procedimiento de sacarlo del territorio. Él tenía una hectárea asignada por el resguardo para que él hiciera usufructo de ella. Yo fui agredido por uno de sus hijos. Fui cortado en la cabeza con un machete”.
Cuando el señor Muñoz instauró la denuncia ante la jurisdicción ordinaria, Quilindo ya no era el Gobernador del Cabildo.
Lo que dijo la Corte Constitucional
Luego de que se iniciara el proceso por el delito de lesiones personales en el Municipio de La Plata, y tras la solicitud de traslado del proceso a la jurisdicción indígena, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional.
Allí se dio el debate del problema de jurisdicción, resolviendo declararse inhibida. “la Corte estima necesario precisar que no es de recibo el argumento expuesto por Juzgado primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, de Conocimiento y Adolescencia de la Plata (Huila) en el sentido de sostener, en diligencia del 11 de agosto de 2022, que la solicitud del cambio de jurisdicción atendió a un requerimiento propuesto “(…) por parte de la defensa, acompañado por la solicitud expresa en audiencia por parte de la gobernadora del cabildo indígena (…)”.
Pues, como bien se explicó previamente, ninguna de las intervenciones que realizó la autoridad indígena en el marco de tales diligencias se dirigió a reclamar y/o sustentar con claridad su competencia para conocer del caso. En contraste, las peticiones de la defensa si fueron contundentes en lo que se concreta a considerar que el asunto debía ser llevado ante la jurisdicción especial indígena”.
Además, indica “insiste entonces la Corte que, para trabar el conflicto de jurisdicciones, es necesario que la manifestación de la autoridad indígena sea clara y expresa. No basta que tenga su origen en una estrategia de la defensa, como se evidencia en el asunto sub examine. Ni las intervenciones de la gobernadora en el marco de las audiencias ni el acta de la asamblea general del resguardo donde se acordó llevar el caso al interior del mismo y tiene la firma de la gobernadora, constituyen una manifestación que cumpla el estándar indicado”.
Aunque para Quilindo este tema ya se concilió en la comunidad indígena con el denunciante, falta que se realice el trámite formal en las diversas jurisdicciones.
Desistió de la denuncia
Luego de varios llamados de atención al señor Gilberto Muñoz, la comunidad del resguardo indígena La nueva esperanza, tomó la decisión de retirarlo de la comunidad.
Para el 23 de junio de 2022, el señor Gilberto Muñoz Muñoz hizo llegar al juzgado que llevaba su caso un escrito mediante el cual señaló, entre otras cosas, que la parte denunciada- Darío Quilindo- no tenía la calidad de indígena y que él “no pertenece a ningún cabildo y por ende no tiene que asistir a ningún arreglo”. Así, invocó que su causa continúe bajo el conocimiento de la jurisdicción ordinaria.
El día 25 de julio del año anterior, el mismo denunciante radicó ante el juzgado de conocimiento un memorial manifestando su intención de retirar la denuncia en contra del señor Darío Quilindo Piso. Así las cosas, y luego de múltiples aplazamientos e instalada nuevamente la audiencia concentrada, el día 11 de agosto de 2022, el juez hizo mención a varios de los documentos que le fueron remitidos por parte de los sujetos procesales. Entre esos, destacó particularmente el precitado oficio del 25 de julio de 2022 donde, tal y como se anotó en precedencia, el señor Muñoz expresó su voluntad para retirar la denuncia contra el señor Qulindo Piso. Al respecto, la Fiscalía explicó que por tratarse de una conducta bajo la modalidad dolosa no admitía ningún tipo de desistimiento.
Bajo ese contexto, la defensa reiteró su solicitud de traslado a la jurisdicción especial indígena, precisando que allí ya se había llegado a una determinación y que, en consecuencia, se buscaría un “acuerdo de tipo conciliatorio”. Así, el juez sustentó que, atendiendo al requerimiento propuesto “(…) por parte de la defensa, acompañado por la solicitud expresa en audiencia por parte de la gobernadora del cabildo indígena (…)” y advirtiendo que ese despacho “(…) también cuenta con la competencia respecto del delito por el cual se acusó al señor Darío Quilindo (…)” le correspondía a la Corte Constitucional resolver el asunto de la controversia de la referencia.
