Los soldados e infantes de marina que prestan servicio militar voluntario y sufran una disminución del 50 % o más en su capacidad laboral debido a heridas de combate, accidentes o acciones directas del enemigo, recibirán una pensión de invalidez equivalente al salario del suboficial activo de mayor jerarquía en las Fuerzas Militares.
La medida, contemplada en el Decreto 1439, fue expedida por el Gobierno Nacional y comenzará a regir de inmediato. Según informó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, este ajuste pensional busca garantizar una mayor protección social para los soldados voluntarios que han asumido funciones esenciales en la defensa del país.
Un avance en igualdad y justicia social
Ana Catalina Cano Londoño, viceministra de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa, explicó que este reajuste fue posible gracias al trabajo conjunto entre los ministerios de Defensa y de Hacienda.
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«La cifra responde a un enfoque basado en principios de igualdad y progresividad, reconociendo el papel crucial que desempeñan los soldados voluntarios en el mantenimiento del orden público, incluso sin haber ingresado aún al régimen de soldados profesionales», afirmó la viceministra.
El decreto también destaca que este cambio reafirma el compromiso del Estado con la seguridad social de quienes han optado por servir voluntariamente, promoviendo un marco normativo inclusivo que refuerza los principios de justicia social en beneficio de los integrantes de las Fuerzas Militares.
Reconocimiento a quienes sirven al país
La nueva escala pensional representa un reconocimiento al sacrificio y dedicación de los soldados voluntarios, quienes enfrentan altos riesgos en su labor. Este avance es visto como un paso importante en el fortalecimiento del sistema de protección para quienes, pese a las adversidades, eligen servir a la nación desde las filas de las Fuerzas Militares.
Las organizaciones de veteranos y defensores de derechos humanos han destacado la importancia de esta medida, que sienta un precedente para futuras políticas que busquen mejorar las condiciones laborales y sociales de los miembros de las fuerzas de seguridad en Colombia.
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