Por: Julio Bahamón.
Ayer corrompió a directivos del congreso, senado y cámara, con sobornos utilizando dineros de la UNGRD, para que votaran las reformas, a la salud, la pensional, laboral y política.
Desde el inicio, su gobierno ha sido cooptado por servidores públicos, pervertidos y viciosos.
Una delegación de la Corte Suprema y del Consejo de Estado se trasladó, en el curso de la semana, a los EEUU a presentar queja ante organismos de derechos humanos, especialmente con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para solicitar protección frente a las amenazas, por parte del Ejecutivo, contra la independencia del poder judicial y el respeto a los derechos humanos de jueces y abogados. Develaran las interferencias que afectan la autonomía e imparcialidad de los magistrados, así como proponer estrategias de fortalecimiento institucional.
Acudirán a alianzas con el fin de obtener apoyo internacional para enfrentar problemas de seguridad para los señores magistrados de Colombia.
Ese es el panorama que vivimos los colombianos en las manos de la izquierda progresista, de La Colombia Humana.
Nadie ha podido entender que Gustavo Petro, como político, haya basado su estrategia publica en atacar y en calumniar, con mentiras repetidas y medias verdades, al expresidente Álvaro Uribe tildándolo de “paraco”, termine ahora como presidente de la república apoyado por sus “archienemigos”, los paramilitares nombrándolos como gestores de paz de su principal iniciativa de gobierno.
Los nuevos gestores de paz, nombrados por Petro han sido responsables de numerosos crímenes y actos violentos. Mancuso, Alias Macaco, Jorge Tovar (alias Jorge 40), y los otros 15 nombrados por Petro, son responsables de actos atroces durante sus actividades con las AUC.
Una de las mayores “conquistas” logradas por los negociadores de las Farc en el proceso de la Habana, en el gobierno de Juan Manuel Santos fue la creación de la jurisdicción especial para la paz, La JEP. Lo impensable está ocurriendo en el gobierno de Petro, dispuesto a debilitar al organismo de justicia especial, ante los repetidos ataques por parte del ejecutivo y su partido de gobierno.
De manera abusiva emite declaraciones con las que pretende deslegitimar o ignorar los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Con la interferencia oficial, el gobierno busca controlar las decisiones judiciales, especialmente en asuntos de derechos humanos y Justicia afectando el equilibrio de poderes en nuestro país.
El gobierno está atacando toda la institucionalidad y resquebrajando la Constitución de Colombia.
Todo lo que está ocurriendo de manera premeditada es un verdadero golpe de estado, a cuenta gotas, y sin escrúpulo alguno. Despierten colombianos.
