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Gobierno implementará una fiducia para proteger los recursos destinados a la protección de los niños rescatados de la selva

Jul 7, 2023

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Tras una reunión entre el Presidente Gustavo Petro y los familiares de los niños, se acordó establecer una fiducia económica para garantizar la protección y derechos de los menores.

Después de una reunión en la Casa de Nariño entre el Presidente Gustavo Petro y los familiares más cercanos de las tres niñas y el niño rescatados de la selva, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres, informó que el Gobierno Nacional implementará una fiducia para proteger los recursos económicos que sean aportados con el fin de asegurar la protección de estos menores de edad.

Durante el encuentro, se estableció un diálogo amable y los familiares expresaron su gratitud al Presidente por haber escuchado sus inquietudes. La Directora del ICBF destacó la importancia de garantizar la protección estatal de los niños y afirmó que se implementará una fiducia económica, la cual permitirá que los aportes económicos reciban la protección del Estado y se destinen exclusivamente a garantizar los derechos de los niños, bajo la supervisión del ICBF.

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Cáceres también mencionó que la familia estuvo de acuerdo con esta figura de protección estatal. Además, se está evaluando cómo la familia de los menores puede beneficiarse de los programas sociales impulsados por el Gobierno del Cambio, incluyendo la posibilidad de ingresar a programas de Prosperidad Social.

En cuanto a la recuperación de los niños rescatados, la Directora del ICBF entregó un informe positivo, indicando que están experimentando una importante mejoría en su estado de salud. Han ganado peso y talla de manera satisfactoria, según los informes médicos. Aunque aún no se ha determinado una fecha de salida, se espera una evolución positiva y completa en su proceso de recuperación.

En relación con el restablecimiento de los derechos de los menores, Cáceres afirmó que se está respetando el proceso, el cual incluye el trabajo de recuperación de la memoria de lo sucedido, con la participación de antropólogos y psicólogos. La defensora de familia a cargo del caso tiene un plazo de seis meses para tomar una decisión definitiva sobre la custodia, mientras se implementan medidas transitorias y se recopila toda la información relevante para el caso.

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