El Gobierno Nacional, mediante la Resolución ha reconocido oficialmente a varios representantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo armado organizado de crimen de alto impacto, para participar en el Espacio de Conversación Sociojurídico con el Gobierno Nacional. Este espacio busca establecer términos de sometimiento a la justicia y avanzar en la construcción de la paz en los territorios donde esta estructura armada tiene presencia.
La resolución hace referencia a la Sentencia C-525 de 2023, emitida por la Corte Constitucional, que establece los marcos legales dentro de los cuales el presidente de la República tiene la potestad para realizar acercamientos y conversaciones de paz con estructuras armadas al margen de la ley. En este sentido, se recalca la importancia de que estos diálogos se ajusten al Estado de Derecho y cuenten con la participación de las autoridades judiciales pertinentes.
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La medida se fundamenta, además, en el Decreto 1081 de 2015, el cual faculta al Fiscal General de la Nación para suspender órdenes de captura de miembros de estos grupos armados, siempre que se den las condiciones necesarias para la paz y que las acciones de los representantes sean evaluadas en cada caso.
El 17 de julio de 2024, las ACSN solicitaron formalmente al Gobierno Nacional entablar diálogos bajo la supervisión del Consejo Comisionado de Paz. En respuesta, el 22 de julio de 2024, se realizó un acercamiento preliminar donde se identificaron a los representantes que participarían en estas conversaciones. Entre los miembros reconocidos se encuentran Fredy Castillo Carrillo, José Luis Pérez Villanueva, Loryn Emilio Pertuz Ballestas, y Orlando Pérez Ortega, quienes fungirán como voceros en el Espacio de Conversación Sociojurídico.
Suspensión de órdenes de captura
Como parte del proceso, se solicitó la suspensión de las órdenes de captura de los miembros de las ACSN que participarán en los diálogos, tal y como lo autoriza la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 2272 de 2022. La suspensión será efectiva mientras dure el proceso de diálogo, garantizando así el cumplimiento de los términos acordados entre ambas partes.
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