Alfonso Vélez Jaramillo
Los gremios económicos y el gobierno del Huila tomaron partido ante la crisis por el cierre de las termales de Rivera y le solicitaron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, modular la sentencia que afecta las actividades en ese municipio turístico por excelencia.
Aunque reconocen la importancia de la protección del medio ambiente y son respetuosos de las decisiones judiciales, consideran que esta providencia genera implicaciones económicas y sociales negativas para la actividad turística, de Rivera y del Huila.
Señalé en mi columna anterior, sobre el conflicto social que iba a generarse por esta decisión del Tribunal, ordenando cerrar de manera definitiva de las actividades turísticas, en respuesta una Acción Popular, que esperaba turno en los anaqueles desde hacía 13 años.
La acción constitucional fue interpuesta por la Procuraduría 11 Judicial, Ambiental y Agraria contra el Municipio de Rivera, con Radicado 2011-00168-00, ante el peligro inminente contra la vida de personas.
Por esos días, una avalancha en los afluentes de la zona, colmató las diferentes piscinas de las termales con saldo de un muerto y varios heridos. El fantasma del peligro reapareció en el año 2023, tras presentarse una situación de peligro similar, por fortuna sin desgracias personales.
De inmediato los propietarios de los establecimientos Termales Los ángeles, Hernando Lombana Motta (balneario los Guáimaros), Comfamiliar e Inturhuila, fueron exhortados a que hicieran los cambios locativos de ley.
De igual manera a adelantar los trámites de renovación de las licencias ambientales, pero ninguno cumplió, hicieron caso omiso, razón por la que ahora el tribunal ordenó su cierre sin contemplaciones.
Inclusive, le ordenó al alcalde de Rivera, como primera autoridad, cumplir su deber y no permitir el funcionamiento de esos establecimientos sin el lleno de los requisitos legales y ambientales.
El propósito evitar peligros contra la vida de las personas y las afectaciones ambientales por el inadecuado uso de las aguas termales.
El documento de los gremios y el empresariado regional lo encabezan Nohora Ramírez de Lequizamo y Sandra Constanza Clavijo, presidentas del Consejo Gremial y la Cámara de Comercio del Huila, respetivamente. Firman además Luceni Muñoz Bermeo, del Comité de Ganaderos del Huila, Julio Cabrera Monje, director de Acopi, Lina María Rivera, directora de Cotelco y otros empresarios generadores de empleo y desarrollo regional.
Aseguran los signatarios que la situación es sumamente grave, dado que “el termalismo es el mayor atractivo turístico que ofrece Rivera” y gracias a ello, ese municipio ha logrado posicionarse nacional e internacionalmente en la industria termal.
Recalcan que el año anterior 210 mil personas visitaron los termales de Comfamiliar, de los Ángeles, San Francisco y Tierra de Promisión.
Por su parte el gobernador del Huila Rodrigo Villalba Mosquera, está intranquilo y pidió buscar un consenso para la protección de la salud pública, el medio ambiente y tener en cuenta la preocupación del tribunal, y la generación de los empleos que se pierden por el cese de la actividad turística en la zona afectada por la medida judicial.
“Debemos buscar un punto medio para esta actividad que se realiza no solo en el Huila, sino en todo el mundo”, señaló el mandatario huilense.
Agregó que el Departamento está dispuesto a apoyar las iniciativas que permitan llegar a un consenso y a un pacto de cumplimiento que satisfaga las partes.
El Gobierno nacional a través del Ministerio de Comercio Industria y Turismo identifica las termales de Rivera entre los 310 pozos de termales en Colombia, razón por la que debe apoyar para solucionar la delicada situación.
El 59% de la economía del municipio de Rivera es generada por el turismo y su mayor atractivo turístico son las termales junto con su oferta gastronómica.
La industria de termales en Rivera genera alrededor de 100 empleos directos y 1.000 indirectos. Rivera tiene 157 empresarios con Registro Nacional de Turismo RNT, cuya oferta turística es el termalismo.
Esta decisión ha generado polémica y protestas, pero reconoce los intereses jurídicos y sociales enfrentados y condiciona el funcionamiento de los negocios públicos y privados a cumplir las normas ambientales violadas sin clemencia por la irresponsabilidad de los alcaldes, debido a la politiquería que históricamente impide la aplicación de la ley.
