En un operativo dirigido a combatir el tráfico de estupefacientes en la capital del Huila, la Policía Metropolitana de Neiva, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de seis integrantes de la organización criminal conocida como ‘Los Pupis II’.
Esta banda se dedicaba a la venta y distribución de marihuana, bazuco y cocaína en las comunas 1 y 3 de la ciudad, sectores que se habían convertido en el epicentro de sus operaciones ilícitas.
El desmantelamiento de esta estructura delincuencial es el resultado de un proceso de investigación de tres meses, en el que la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) realizó múltiples estrategias de recolección de pruebas. Entre las técnicas empleadas se incluyeron el análisis de más de 60 horas de video, búsquedas selectivas en bases de datos, entrevistas, inspección de procesos, la actuación de agentes encubiertos y la vigilancia minuciosa en zonas específicas.
La operación culminó con la captura de los seis presuntos responsables:
José Arvey Patiño Gutiérrez, alias “Porky”, identificado como el líder de la banda y encargado de coordinar la distribución de los estupefacientes.
José Leandro Javela Gómez, alias “Loco”, responsable de organizar los turnos y horarios de venta.
Alberto Gutiérrez Torres, alias “Veneco”, con antecedentes por hurto y tráfico de drogas, participaba en la venta directa de los estupefacientes.
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Juan Carlos Rey Giraldo, alias “Porras”, distribuía los estupefacientes en áreas cercanas al parque Caracolí.
Edgar Alfredo Bermúdez Maestre, alias “Negro”, conocido por sus antecedentes por hurto calificado y agravado, realizaba la venta en diversos puntos de las comunas.
Huver Andrés Cruz Aragón, detenido en San Agustín, Huila, extendía las operaciones de la banda a otros municipios y presentaba un historial criminal que incluía tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, lesiones personales y otros delitos.
De acuerdo con la investigación, “Los Pupis II” comercializaban entre 700 y 900 dosis diarias de diferentes drogas, lo que les reportaba ingresos superiores a los 60 millones de pesos mensuales. La banda operaba principalmente en los alrededores del barrio Caracolí, donde utilizaban métodos de ocultamiento astutos, escondiendo la droga en zonas boscosas o en viviendas del sector para evadir la vigilancia policial.
Tras ser presentados ante las autoridades, los capturados fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías, quien, tras analizar las pruebas y evidencias recopiladas, determinó imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad a todos los implicados. Esta decisión refuerza el mensaje de cero tolerancia hacia las actividades delictivas y el compromiso del sistema judicial con la protección de la ciudadanía.
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