Un arresto domiciliario, la divulgación de controvertidos audios y la posibilidad de enfrentar una suspensión de su cargo en los días por venir son algunos de los asuntos pendientes que el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, debe afrontar ante la justicia. Su conducta en medio de un proceso electoral ha causado preocupación y malestar en la sociedad de Neiva.
Diario Del Huila, Primer Plano
La noticia sobre el arresto del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, se basa en el incumplimiento de una decisión judicial en doble instancia, lo que ha desencadenado un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de cumplir con las obligaciones legales.
La orden de arresto domiciliario se emitió el pasado viernes a cargo del Juzgado Séptimo Administrativo, y fue dirigida al comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, el coronel Domingo Alfredo López Dales. Esta medida judicial se suma al escándalo debido a las revelaciones sobre la participación activa del alcalde en política, que fueron denunciadas por el portal de noticias ‘La Silla Vacía’.
En los audios filtrados, se escucha claramente al alcalde Muñoz Calderón admitiendo la desviación de recursos públicos hacia la campaña política de su candidato preferido, Wilker Bautista. Sus palabras, registradas en reuniones secretas por funcionarios y contratistas, incluyen afirmaciones como: «Voy a hacer una inversión la hijueputa, porque toca hacerla, y un esfuerzo verraco electoral para ir a la fija».
Estas confesiones han causado una gran conmoción en las redes sociales y han desencadenado un profundo rechazo en la ciudadanía
La orden
Sin embargo, la orden de arresto domiciliario no se basa en estas revelaciones. La raíz del problema se encuentra en el incumplimiento de una decisión judicial en doble instancia que sancionó al alcalde por su negativa a cumplir un plan de acción acordado para mitigar graves amenazas geológicas en los corregimientos de Vegalarga y Anacleto García.
La jueza Lina Marcela Cleves Roa, a cargo del caso, ha señalado que hubo «desidia y desinterés» por parte de los funcionarios públicos para llevar a cabo el plan de acción acordado entre todas las partes involucradas. Esta falta de compromiso y acción en un tema de vital importancia ha generado graves preocupaciones sobre la seguridad y bienestar de la comunidad en esos corregimientos.
El incidente de desacato, que condujo a esta decisión judicial, se inició el 14 de julio de 2023, después de la última audiencia de verificación que tuvo lugar el 23 de junio de ese año. El magistrado Enrique Dussán Cabrera, encargado de resolver la segunda instancia en grado de consulta, concluyó que los servidores públicos encargados de llevar a cabo las gestiones correspondientes no actuaron con la diligencia requerida y permitieron que vencieran todos los plazos establecidos para las acciones concretas.
Además, Dussán Cabrera destacó que la vulneración de los derechos de la comunidad era evidente debido al descuido injustificado de las autoridades responsables de su protección. Esta decisión, aunque confirmó el fallo de primera instancia, redujo la multa impuesta al alcalde a diez salarios mínimos.
La decisión judicial cobró ejecutoria el 27 de septiembre de 2023 a las 5:00 p.m. A partir de esa fecha, los funcionarios involucrados debían pagar la multa con sus propios recursos, como parte de su responsabilidad legal.
Burlando a la justicia
El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, no pudo cumplir con el plazo para consignar la multa. En cambio, en la madrugada del lunes 9 de octubre, presentó una nueva solicitud de tutela ante la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Segunda) de los despachos judiciales.
En esta ocasión, Gorky Muñoz solicitó la suspensión de los efectos jurídicos de las sanciones de multa, las cuales eran conmutables en arresto y conllevaban la medida cautelar de privación de la libertad y la separación temporal del cargo.
No obstante, el magistrado encargado, Alberto Montaña Plata, admitió la tutela presentada por Gorky Muñoz Calderón, pero desestimó la solicitud de la medida provisional de suspensión.
Montaña Plata argumentó que, en esta etapa del proceso, no era posible afirmar categóricamente que se habían vulnerado los derechos fundamentales alegados por Gorky Muñoz Calderón. Emitir un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto carecía de elementos de juicio suficientes, la intervención de los demandados y una revisión exhaustiva del proceso ordinario. En consecuencia, la solicitud de suspensión de las sanciones de multa fue denegada.
La notificación oficial de la orden de arresto se realizó el viernes pasado hacia las 11:43 a.m., en medio de la tormenta desatada por las escandalosas revelaciones del alcalde. Mientras la detención estaba en proceso, el jefe jurídico de la Alcaldía, Julio César Ardila, informó al juzgado sobre el pago de la multa y solicitó su revocación.
Gorky Muñoz Calderón consignó la suma de once millones seiscientos mil pesos en efectivo para cumplir con la multa, como se confirmó a través del comprobante de recaudos empresariales No. 2259344 emitido por el Banco Popular. La consignación se realizó el 5 de octubre, aunque no se había reportado al juzgado en ese momento.
La acreditación del pago de la multa podría resultar en la suspensión de la orden de arresto por parte de la jueza Lina Marcela Cleves Roa. Sin embargo, esta diligencia solo se llevará a cabo en los próximos días, lo que significa que la orden de arresto sigue vigente por el momento.
Posible suspensión
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una nueva investigación disciplinaria y se encuentra evaluando la posible suspensión provisional del cargo del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón. Esta acción se deriva de las sospechas sobre su involucramiento en actividades políticas en el marco del proceso electoral actual, según lo sugieren los recientes audios divulgados por el portal de noticias La Silla Vacia. La notificación oficial de esta medida se llevará a cabo próximamente, una vez que se haya concluido la investigación.
La procuradora general, Margarita Cabello, ha subrayado en decisiones previas que es fundamental que los servidores públicos tengan claro que la participación en actividades políticas no se limita únicamente al explícito llamado a votar por un candidato en particular. Este concepto se amplía para abarcar cualquier acción que pueda dar lugar a la percepción de la formación de alianzas o el respaldo a ciertos candidatos, lo cual podría alterar el equilibrio en el proceso electoral.
La posibilidad de una investigación y, en última instancia, una medida disciplinaria es un tema que ha cobrado relevancia debido a la reciente divulgación de una serie de audios por parte del portal La Silla Vacía. En estos registros, se escucha al alcalde de Neiva manteniendo presuntas conversaciones con funcionarios y contratistas, en las cuales se discuten estrategias para impulsar y asegurar el éxito del candidato Wilker Bautista en la contienda por la Alcaldía de Neiva.
