Por: Angélica Mayolo
Venezuela fue durante gran parte del siglo XX la economía más rica y avanzada de América Latina; durante los años 1970 y 1980, millones de colombianos cruzaron la frontera para establecerse en el vecino país donde el desempleo tuvo tasas del 4%, el poder adquisitivo llegó a ser el 70% del estadounidense y existían condiciones para prosperar. Por decisiones de política interior que generaron declive, desde comienzos de los 90’s, Venezuela vive una transición que hoy la lleva a protagonizar una de las mayores crisis migratorias del mundo.
En cuestión de tres décadas, Venezuela pasó de recibir inmigrantes que huían de la pobreza a ser el principal generador de emigrantes del planeta. En el caso de Colombia, acoger y reconocer a la población venezolana es un gesto de reciprocidad y gratitud con una nación que en su tiempo de bonanza ofreció oportunidades para más de 4 millones de compatriotas. Por tanto, el reciente Estatuto de Protección Temporal a migrantes que expidió el Gobierno Nacional es un gran acto humanitario y va en la vía correcta de construir condiciones para que la migración produzca a largo plazo efectos positivos.
A través de este Estatuto se pretende regularizar y ordenar el estatus de los migrantes, durante un lapso de 10 años, para obtener visa de residentes. Este mecanismo permitiría desplegar acciones para proteger a los migrantes de violaciones a sus derechos humanos, incorporarlos al mercado laboral formal y aprovechar el capital humano, teniendo en cuenta que el 75% de los venezolanos llegan en edad productiva, y de estos el 83% han completado sus estudios de educación básica y el 20% cuenta con formación profesional.
En la inmigración podemos ver oportunidades, siempre que los Estados hagan lo necesario para crearlas. En el caso particular de Colombia, el impacto económico de la llegada masiva de venezolanos dependerá si sus habilidades sustituyen o complementan las de la población colombiana. Por lo cual deben tomarse medidas que incentiven la localización de venezolanos en aquellos sectores donde se requiere mano de obra cualificada y no cualificada, que no ha sido suplida con los nacionales, por ejemplo, en el sector agrícola. La población migrante podría contribuir a aumentar la productividad en el campo, al tiempo que se les quitaría presión migratoria a las ciudades.
Para asegurar una adecuada integración será necesario generar oportunidades de capacitación e incentivos para la especialización de la población migrante en el sector agrícola y otros, donde la economía colombiana requiere fortalecer el capital humano. Esto, además, debe estar orientado para que los venezolanos sigan engrosando la informalidad y el subempleo y puedan acceder a ingresos más justos. El reto es enorme e inédito, pero la inmigración puede convertirse en un motor del crecimiento del PIB de Colombia, que se estima podría expandirse entre 0,1% y 0,5% adicionales, siendo fundamental avanzar en la integración económica formal de los venezolanos.
