Los gremios del sector de energía eléctrica del país aseguraron que, de acuerdo con el marco normativo vigente, los gobiernos regionales podrían aportar recursos económicos para aliviar el pago de la tarifas a la población más vulnerable como una alternativa a la medida de congelar las tarifas para evitar el impacto en las finanzas de los hogares vulnerables.
Por: Hernán Galindo M
Foto: Portafolio
Así lo indican en un comunicado firmado por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen); la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco); la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg); L a Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) y la Cámara Colombiana de Energía.
Este pronunciamiento lo hicieron ante la solicitud del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al presidente Gustavo Petro para que le autorice el congelamiento de las tarifas de EPM.
“Reiteramos la necesidad e importancia de que este tipo de peticiones se analicen y tramiten dentro del marco institucional y legal establecido para el efecto; con análisis técnicos y económicos que permitan identificar los impactos de este tipo de medidas sobre los diferentes agentes, es decir empresas, usuarios y gobierno nacional o regional, para que de ninguna manera afecten la calidad y continuidad del servicio de energía, y la suficiencia financiera de las empresas”, señalaron.
Si bien aseguran que son conscientes de que la inflación ha afectado a todos los sectores, sin excepción, golpeando el bolsillo de los colombianos, recuerdan que por ello se aplicó de manera conjunta el Pacto por la Justicia Tarifaria desde el pasado octubre.
En este proceso las empresas aportaron alrededor de $3 billones para mitigar las alzas en las tarifas de energía eléctrica; lo que llevó a una variación promedio de las tarifas por debajo del IPC, en estos últimos cuatro meses.
Los gremios indicaron que fijar las tarifas de los servicios públicos es un ejercicio delicado pues debe balancear el ingreso de las empresas, para realizar las inversiones requeridas para prestar un servicio confiable y de calidad y, los valores que los usuarios deben pagar, para acceder a un servicio esencial.
Para lograr esto se deben realizar análisis técnicos, económicos y financieros a través de entes técnicos como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en el marco de la Constitución y en virtud de los criterios definidos en la Ley 142 de 1994.
Detallaron que es importante que cualquier modificación tarifaria respete la intangibilidad de los contratos y que sea producto de un amplio análisis y no sacrifique objetivos de largo plazo.
Aseguraron que las empresas que representan están dispuestas para garantizar un servicio de electricidad asequible, sostenible y confiable para todos los colombianos, realizando los cambios o mejoras requeridos en el marco regulatorio, de manera técnica, responsable.
Sobre la propuesta de la destinación de recursos de los gobiernos regionales, Clara Inés Pardo Martínez, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y experta en el sector energético dijo que es viable en el marco de la gestión energética y como medida preventiva ante la pobreza energética.
“Se podría revisar cuál sería el esquema de subsidios mas idóneos que permita una generación eficiente en el servicio y pueda también contar con las inversiones requeridas para la transición energética en temas de infraestructura”, detalló.
