El pasado 14 de noviembre, las autoridades del municipio de Espinal, Tolima, encontraron a siete hombres en condición de habitabilidad en calle deambulando desorientados y en evidente deterioro físico en la vía que conduce a Chicoral. Los individuos, algunos de ellos con serios problemas de salud y señales de consumo de sustancias psicoactivas, manifestaron haber sido trasladados desde Neiva y abandonados a su suerte, según sus propios testimonios.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
POR: ALEJANDRO POLANCO
La situación rápidamente escaló a una controversia pública que puso en el ojo del huracán a la administración de la capital huilense y a las entidades encargadas de velar por esta población vulnerable. El estado de los hombres rescatados fue reportado como crítico, lo que suscitó múltiples interrogantes sobre la gestión de programas sociales y el manejo de recursos destinados a la atención de habitantes de calle en Neiva.
En el epicentro de las reacciones se encuentra la concejala de Neiva, Lourdes Mateus, quien ha denunciado lo que considera un caso flagrante de abandono institucional. El cabildante señaló que el hallazgo en Tolima revela falencias graves en los mecanismos de atención y seguimiento a los habitantes de calle bajo la administración municipal.
“La gravedad de este caso no puede subestimarse. Estamos hablando de seres humanos que fueron aparentemente desplazados y abandonados, lo que refleja una violación directa a sus derechos fundamentales. Si se confirma que estas acciones fueron realizadas con conocimiento o complicidad de alguna institución, estaríamos frente a una situación de negligencia inaceptable”, expresó Mateus en una rueda de prensa.
Mateus exigió explicaciones claras tanto a la Alcaldía como a la Fundación Renacer, encargada de operar el único centro de atención para habitantes de calle en Neiva. Además, cuestionó la capacidad de supervisión de la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social, señalando que este caso pone en duda la efectividad de los programas sociales en la ciudad. “No es suficiente tener programas sobre el papel. Lo que necesitamos es una administración que priorice a las personas más vulnerables y garantice que los recursos se utilicen de manera efectiva y ética. Este caso no puede quedar impune”, enfatizó.
Fundación Renacer bajo la lupa
La Fundación Renacer, contratada por el municipio para operar la Casa de Paso del mismo nombre, se ha convertido en el foco de críticas tras conocerse este caso. Según los registros de la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social, la fundación tiene la responsabilidad de atender a los habitantes de calle en Neiva, brindando alimentación, alojamiento temporal y acompañamiento psicosocial.
Sin embargo, la concejala Mateus y varios líderes comunitarios han señalado que la capacidad de la fundación es insuficiente para abordar la magnitud del problema. Actualmente, la Casa de Paso tiene espacio para atender a solo 30 personas, una cifra mínima considerando que se estima que al menos 400 habitantes de calle viven en Neiva.
“Este caso evidencia una falta de planificación y de voluntad política para enfrentar la problemática. Las fundaciones contratadas no pueden operar sin un control adecuado, y este escándalo deja claro que los mecanismos de supervisión son débiles o inexistentes”, afirmó un líder social que prefirió no revelar su identidad.
Respuesta institucional que genera más preguntas
La Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social emitió un comunicado oficial tras el hallazgo, en el que negó cualquier relación directa entre la administración municipal y el abandono de los siete hombres en Tolima. Según la dependencia, solo dos de ellos estaban registrados como beneficiarios de los programas sociales de Neiva, lo que, según la entidad, dificulta atribuir responsabilidades directas.
“No existe evidencia de que estos hombres hayan sido trasladados desde Neiva bajo órdenes de alguna entidad oficial. Estamos recopilando información para esclarecer los hechos y tomaremos las medidas necesarias si se identifican irregularidades”, afirmó la Secretaría en su comunicado.
Sin embargo, estas declaraciones han sido insuficientes para calmar las críticas. Organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos exigen mayor transparencia y medidas concretas para evitar que situaciones similares se repitan. Este caso pone en evidencia un problema estructural que trasciende a la administración actual: la invisibilidad social de los habitantes de calle. Aunque esta población enfrenta múltiples vulnerabilidades, desde problemas de salud mental hasta exclusión social, los programas diseñados para atenderlos suelen ser insuficientes y carecen de un enfoque integral.
En Neiva, la situación es particularmente preocupante. Según cifras de organizaciones locales, la mayoría de los habitantes de calle no acceden a los servicios básicos ofrecidos por la administración municipal. Además, las políticas públicas destinadas a esta población han sido calificadas como reactivas y superficiales, enfocándose más en paliativos temporales que en soluciones sostenibles.
¿Qué sigue? El llamado a una investigación exhaustiva
La indignación generada por este caso ha derivado en una serie de exigencias por parte de la ciudadanía, las organizaciones sociales y varios líderes políticos, quienes coinciden en la necesidad de una investigación exhaustiva que esclarezca las responsabilidades en este hecho.
Por su parte, la concejala Mateus anunció que solicitará la creación de una comisión especial en el Concejo Municipal para evaluar la efectividad de los programas sociales y garantizar que los recursos destinados a la atención de habitantes de calle sean utilizados de manera transparente. “El caso de estos siete hombres no puede ser visto como un hecho aislado. Es un llamado de atención sobre la urgencia de replantear nuestras políticas sociales y de construir una sociedad más justa e inclusiva. No podemos permitir que los más vulnerables sean los grandes olvidados de nuestra ciudad”, concluyó Mateus.
Este caso no solo ha revelado fallas en la gestión pública, sino también la necesidad de una reflexión más amplia sobre la manera en que la sociedad trata a los habitantes de calle. Mientras las autoridades enfrentan la presión de rendir cuentas, la ciudadanía debe exigir un cambio real que garantice el respeto y la dignidad de quienes más lo necesitan.
La pregunta que queda en el aire es si este escándalo será el motor de un cambio significativo o si, como tantos otros, terminará desvaneciéndose en el olvido mediático y político. Lo que es indiscutible es que el debate sobre la atención a los habitantes de calle en Neiva ya no puede ser postergado.
