Desde el Gobierno Nacional, se encuentran trabajando para dar 5.000 hectáreas de tierra a la comunidad indígena asentada en el Huila, hecho que sería concretado durante los cuatro años del actual mandatario. En el Huila la Sociedad de Activos Especiales, señaló que puede disponer de 12.000 predios.
Y el próximo 21, 22 y 23 del mes en curso, en la región se va a adelantar una rueda de negocios con oferentes de tierra de gran extensión en el centro del Departamento, para comprarle los predios en el marco de esta estrategia.
Tierra para afectados del Quimbo
En lo relacionado al acceso a tierras, Lester Garrido, director Regional de la Agencia de Tierras-Huila, enfatizó: “hay un compromiso asumido por nuestro director Nacional, Felipe Harman, que es la de resolver esa problemática que se generó por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, que afectó a números familias del centro del Departamento”.
Cabe recordar que el pasado mes de febrero, en una visita realizada a Pitalito, el director Nacional, señaló: “aquí hay un compromiso saldado por parte de una sentencia de la Corte Constitucional, y no se puede enredar el cumplimiento, por ‘embelecos de Emgesa. Vamos a desarrollar un plan de trabajo detallado, que garantice y asegure, honrar la palabra y cumplir como agencia y Gobierno Nacional con la reubicación”.
“Ya hablamos con ellos (Enel), y además agarró ‘vuelo’ la idea, de que prácticamente hay que pedirle el ‘favor’ a Emgesa, de que suministre los datos de las personas a reubicar. Eso no funciona, ni va a ser así”, destacó el funcionario. Este plan va dirigido para quienes no hayan sido censados por la empresa.
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Predios para los indígenas
Otro grupo poblacional, que va a ser beneficiado con la entrega de tierras, es la comunidad indígena.
“Hay un compromiso de parte del gobierno de Gustavo Petro para el departamento del Huila para la población indígena, que es de 5.000 hectáreas durante estos cuatro años”, indicó el director regional.
Ya en diciembre de 2023, el en su momento, director General de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega Medina, informó la más reciente decisión del Consejo Directivo de la ANT en la cual se aprobó la constitución y ampliación de 15 resguardos en seis departamentos del país para el beneficio de 1.751 familias indígenas.
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Llamado a las organizaciones sociales
Y con la nueva sede de la Sociedad de Activos Especiales, “esperamos llegar a los departamentos del sur del Colombia con la oferta institucional, y desde ya invitamos con las asociaciones a que trabajen con la SAE, para generar valor y riqueza, para de esta manera los bienes que administramos nosotros, sirvan a las economías legales en ‘manos’ de las organizaciones sociales”, destacó Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales, el pasado 24 de abril.
“En este sentido son 12.000 hectáreas del área rural para producción agropecuaria, y 314 inmuebles urbanos, para las entes sociales y la economía popular, al igual que 17 establecimientos comerciales. Y son bienes confiscados que son producto de incautaciones por lavado de activos, narcotráfico, corrupción”, destacó el directivo.
Y entre los municipios beneficiados se encuentran: Agrado, Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Garzón, Gigante, Íquira, La Plata, Neiva, Palermo, Suaza, Palestina, Yaguará.
“También hago un llamado a la clase empresarial del Departamento, particularmente a los cafeteros, esta es una región productora del grano. Tenemos la posibilidad de disponer de alrededor de 12.000 hectáreas de suelo rural, para la producción agropecuaria, y queremos que el café, mercancía insignia del país y la región se potencie y ponemos a disposición esta tierra para ello”, enfatizó el director de la SAE.
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Panorama de la tierra en Colombia
En Colombia el 75,5% de los municipios son rurales, los cuales abarcan el 94,4% del territorio nacional. En ellos vive el 32% de la población y Colombia es más rural de lo que pensábamos hace algunos años.
Y el 46,5% de la tierra en Colombia (propiedades de más de 500 hectáreas) la posee el 0,4% de los propietarios.
Además, de los 3.718.000 predios rurales inscritos en el catastro nacional, 1,7 millones no cuentan con títulos formales de propiedad. Mientras en la ciudad la pobreza extrema alcanza un poco más del 5%, en el campo es cercana al 20%.
El 96,1% de cobertura en salud en las áreas rurales dispersas. Sin embargo, muchos de los centros de salud se encuentran muy distantes de las poblaciones campesinas. Y el 23,8% de los jóvenes del campo se encuentran inactivos, frente al 13,1% de los jóvenes de las zonas urbanas.
En este sentido la Reforma Rural Integral sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea las condiciones de bienestar para la población rural y contribuye a la construcción de una paz estable y duradera. Busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en un plazo de 10 años, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía familiar, señalaron desde el Gobierno Nacional.
