Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial fueron la causa principal de más del 50% de desplazamiento forzado en el 2023. Los combates alcanzaron un nivel de afectación considerable debido a las alianzas entre diferentes estructuras armadas al margen de la ley para obtener una hegemonía en el control territorial, señaló en un informe la Defensoría del Pueblo.
Siendo el desplazamiento, homicidio, amenazas y desaparición forzada son los hechos victimizantes por los que más personas han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para las Víctimas.
Además, 8.630.545 personas fueron desplazadas forzosamente en Colombia hasta el 31 de marzo de 2024, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas. De estas, 6.9 millones aún necesitan asistencia o reparación a sus derechos.
Desplazamiento en las zonas PDET
En este orden de ideas, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública (CODHES), presentó el pasado 8 de agosto del presente año, un informe al Congreso de la República, sobre desplazamiento forzado masivo y múltiple (DMM).
Allí el organismo analiza desde el 24 de noviembre de 2016, a partir de la firma del Acuerdo de Paz, hasta el 30 de junio de 2024, los confinamientos y restricciones a la movilidad humana entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024. En ambos casos, se reportan una seria afectación en las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Al respecto, Marco Romero Silva, director de CODHES, señaló que es preocupante que más del 80 por ciento de los casos de desplazamiento masivo y múltiple, se han dado en las zonas PDET y en el registro de víctimas, este ha aumentado en más de 1 millón de personas desde la firma del Acuerdo de Paz: “estamos hablando de una crisis humanitaria muy severa. Debemos reconocer que tenemos una crisis que se está agudizando y que la política de estancamiento de la implementación del Acuerdo de Paz, ha sido muy costosa para la población. Hay que exigir el respeto al Derecho Internacional Humanitario y buscar la manera para que en los procesos de paz no se cierren los ceses al fuego; hay que llamar a que haya más acuerdos humanitarios, más respeto al Derecho Internacional Humanitario y más acuerdos de cese al fuego”.
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Regiones más perjudicadas
En el caso de los eventos de desplazamientos forzados múltiples y masivos, la entidad reportó un total de 411.358 personas víctimas en 1.056 eventos ocurridos entre 2016 y 2024. Y los departamentos con mayores afectaciones han sido en su orden: Nariño (320 eventos y 151.181 víctimas); Chocó (176 eventos y 67.778 víctimas); Norte de Santander (115 eventos y 34.708 víctimas); Cauca (102 eventos y 32.084 víctimas); y Antioquia (125 eventos y 32.084 víctimas).
Para el caso del confinamiento, el reporte del Sistema de Información, muestra que 670.544 personas han sido víctimas de confinamientos y restricciones a la movilidad en 370 eventos. De éstas, 160.977 son de pueblos indígenas y 195.460 pertenecen a pueblos afrodescendientes.
En este aspecto, los departamentos con mayor afectación por confinamiento son en su orden: Chocó (116 eventos y 213.742 víctimas); Nariño (55 eventos y 107.492 víctimas); Antioquia (42 eventos y 98.060 víctimas); Cauca (43 eventos y 96.747 víctimas) y Caquetá (9 eventos y 57.992 víctimas).
Además, el director de la Comisión, también llamó al Congreso a revisar los resultados de la IV Encuesta Nacional de Verificación para entender que es necesario buscar también soluciones de fondo, duraderas, para la población desplazada que vive en las zonas urbanas, en la ciudades: “hay que entender que la población desplazada sigue siendo la más vulnerable entre las vulnerables y mucha ya no desea retornar al lugar de origen”.
Faltan recursos
En este sentido, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para Derechos de la Población en Movilidad Humana, lanzó del informe: Una Mirada a la Asistencia Humanitaria en el Territorio de 2023, un documento que detalla la situación de derechos humanos de la población colombiana en condición de movilidad forzada, desplazamiento y confinamiento, especialmente en territorios donde hacen presencia grupos armados ilegales, donde constantemente se evidencia la vulneración a derechos de las comunidades.
A partir de estas mesas de trabajo realizadas, y encaminadas a evidenciar la situación de derechos de la población en movilidad humana, el organismo en mención demostró que los recursos son insuficientes para una respuesta inmediata, oportuna y diferenciada para esta población, la falta de coordinación y trabajo articulado entre las entidades estatales, las barreras de acceso a derechos de la población vulnerable en movilidad humana forzada, y la necesidad de implementar mecanismos de observación, verificación y monitoreo continuo de la situación de los derechos humanos de las personas afectadas.
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Las recomendaciones
En el informe la Defensoría, realiza una serie de recomendaciones a las entidades encargadas del cumplimiento de la política pública de atención a víctimas. Al Ministerio del Trabajo, le recomienda incrementar visitas a lugares de explotación laboral o trata de migrantes, al Ministerio de Salud, aumentar el presupuesto para la atención de la población afectada, al Ministerio de Educación, adelantar campañas de concientización a estudiantes nacionales fomentando la inclusión y la convivencia con estudiantes extranjeros.
Por su parte, a las entidades territoriales y regionales les recomienda en primera medida, hacer un incremento en los recursos para atender a la población afectada, la creación de albergues para la atención de las comunidades en caso de emergencias humanitarias, y la realización de jornadas de inclusión laboral y emprendimiento dirigidas a la población afectada.
Enfrentamientos y confinamientos
Y frente a los enfrentamientos de grupos armados que han impedido el libre desempeño de las labores de la comunidad, Johana Elena Rojas, defensora del Pueblo-Seccional Huila manifestó. “En este momento no tenemos esta información, pero sí se registraron casos el año pasado, donde la población no podían salir de su hábitat, porque se encontraban amenazados, además, los actores armados colocan dispositivos o explosivos en las carreteras, les dicen a qué horas deben salir y trabajar y a qué horas han de regresar y eso para nosotros es una afectación a la movilidad fundamental y por supuesto a un derecho inalienable”.
Esta situación ha sido vivida en el municipio de Algeciras e Íquira. “La alerta emanada, si bien manifiesta hechos victimizantes referentes al reclutamiento de nuestros niños niñas y adolescentes que tienen características de etnia o no, también existen otras problemáticas registradas, la extorsión, control social, confinamiento y desplazamiento forzado”.
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Recordatorios dados
Y en cuanto a las recomendaciones expresadas por la Defensora, se encuentran, coordinación de la respuesta rápida y de esta manera enfrentar esta situación de violencia, “para garantizar la vida e integridad de nuestros líderes, defensores de derechos humanos, campesinos, autoridades tradicionales indígenas y miembros de las Juntas de Acción Comunal, a través de la comisión intersectorial para la respuesta temprana y según la normatividad, diez días después debe darse una reunión de entidades y sectores consentidos asuman unas tareas y luego nosotros como Ministerio Público y la Procuraduría, hacemos un seguimiento a estas labores con el fin de conocer, sí se están cumpliendo o no”.
Otro aspecto es la disuasión del contexto de amenaza, que permite asesorar y asistir técnicamente a los entes territoriales en la implementación de estrategias de seguridad y convivencia con enfoque diferencial, que corresponda a las especificaciones de cada conducta y que tenga la diferenciación de los grupos que pertenecen a las etnias indígenas y los que no hacen parte de este colectivo.
“Siendo importante el aumento del ‘pie de fuerza’ en las comunidades donde se advierten este tipo de problemáticas derivadas del orden público, es una situación que no puede ser ajena, porque si tenemos esa presencia podemos pensar en que las demás tareas de otros sectores e instituciones, se puede facilitar por qué si nosotros vamos a hacer una jornada de promoción de derechos, a un lugar donde el acceso es muy difícil y no estamos acompañados de la seguridad, pues nosotros también nos ponemos en riesgo”, resaltó la profesional del derecho.
