A medida que se aumentan las transgresiones a la normatividad penal en el país, se siguen incrementando el número de presos en algunas regiones del territorio colombiano. Este desbordamiento en las cárceles ha obligado a las autoridades carcelarias a la utilización de los centros transitorios de reclusión en las estaciones de policía o en centros improvisados establecidos por las administraciones municipales. Esta situación se ha convertido en un caos, por el hacimiento que están provocando con sus secuelas sanitarias, adecuaciones locativas deficientes y la falta de seguridad por el alto riesgo de fugas que frecuentemente se generan. A veces la capacidad de respuesta de la Fuerza pública es débil. Inclusive incumplen su misión de velar por la seguridad ciudadana, por estar vigilando estos establecimientos.
Durante el fin de semana, se presentaron dos intentos de fuga en la carceleta que funciona en las antiguas bodegas de Alpina que se encuentran ubicadas a orillas de rio del Oro en la calle segunda sur entre la carrera 7 y 9 en la comuna 6 de esta ciudad., donde se amotinaron los reclusos, protestando por las malas condiciones de higiene y de la alimentación que están recibiendo de las autoridades. Afortunadamente la reacción de la fuerza pública y del ejército, frustraron estos planes de escape. Dañaron las improvisadas camas, quemaron algunos colchones, rompieron un muro, y como si fuera poco, los familiares de los reos que se encontraban en la parte, externa, agredieron salvajemente a algunos integrantes de la fuerza pública. Hay que reconocer que el ambiente en que se encuentran estos reclusos es malsano. Están en un completo hacinamiento y no se explica, el alto consumo de sustancias psicoactivas al interior de este centro de reclusión temporal. Actualmente hay 350 personas privadas de la libertad. Algo inhumano. Por tal motivo, se generan todas estas irregularidades al interior del penal.
Lo que pasa es que aquí hay problemas que se van enquistando en las administraciones y en la sociedad y parecen insolubles. Claro que quien delinque debe pagar, y la justicia tiene que ser severa. Pero sin que haya impunidad, debe haber algo de dignidad, pues la pérdida de libertad no significa la pérdida de derechos esenciales. Neiva y las principales ciudades del país, no han logrado cumplir la orden de la Corte Constitucional, de hace un par de años, a los gobiernos nacional y local y al Inpec, para buscarle soluciones a esta crisis con pinta de tragedia, comenzando porque estos son lugares de paso, no penitenciarías. Y es, en resumen, la acumulación de los males del sistema judicial y penitenciario de nuestro país, que se traduce en que mientras crece la delincuencia y la policía los apresa, y como dicen ellos, no hay a dónde llevarlos.
