Un total de 88 hallazgos administrativos, de los cuales 32 son de carácter fiscal por $7.441 millones, 80 con incidencia disciplinaria y 2 de carácter penal, fueron detectados por la Contraloría General de la República producto de 7 actuaciones especiales de fiscalización donde evaluó la gestión de los Planes Departamentales de Agua (PDA) de igual número de entidades territoriales.
Fueron auditados los PDA de Antioquia; Boyacá; Norte de Santander; San Andrés, Providencia y Santa Catalina; Tolima y Vichada, en lo correspondiente a las vigencias 2019 y 2020, y en el caso de Vaupés estas mismas y además la de 2018. La evaluación incluyó todas las fuentes de recursos que financian los PDA y las actuaciones de las entidades competentes en su gestión, tanto del orden nacional como territorial.
Las auditorías fueron adelantadas durante el primer semestre del 2021 por la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, con apoyo de las respectivas Gerencias Departamentales Colegiadas de la Contraloría General. El departamento que mayor número de hallazgos administrativos presenta fue Antioquia (21), seguido de Vaupés (18) y Vichada (15).
En cuanto a hallazgos con presunta incidencia fiscal, se observa que el departamento de Vaupés fue el que presentó el mayor número con esta connotación con 15, por $2.581.465.748; seguido de Tolima con 7 por $866.401.702. En el caso de San Andrés es importante destacar que en solo un hallazgo alcanzó la máxima cuantía ($2.712 millones) de todos los encontrados en estas actuaciones de fiscalización.
“Se trata de recursos cancelados por concepto de obras recibidas mediante actas parciales para la construcción del alcantarillado sanitario en los sectores de Cabañas, Barrio Sarie Bay y Barrio Modelo, que no se encuentran ejecutadas en su totalidad y, por lo tanto, no están funcionando”, explicó el organismo de control.
Irregularidades
Como resultado de las actuaciones de fiscalización realizadas, la Contraloría encontró en los siete departamentos ya mencionados serias deficiencias en la gestión fiscal y conceptuó que la misma fue ineficaz, ineficiente y, en algunos casos, no resulta conforme, debido a que buena cantidad de las obras contratadas no se han concluido, luego de pasar varios años desde el vencimiento del plazo inicial pactado, y muchas aún no se encuentran en funcionamiento.
Las debilidades técnicas, administrativas y operativas observadas han impedido la culminación y puesta en funcionamiento de las obras contratadas, para ponerlas oportunamente al servicio de la comunidad, con los consecuentes impactos en su salud, dado que se trata de infraestructuras para la provisión de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, las cuales resultan esenciales para asegurar unas condiciones de vida dignas a la población, advirtió la Contraloría.
En la mayoría de proyectos auditados se presentan deficiencias que en general guardan relación con aspectos como con la planeación y ejecución de las obras contratadas, así como en el ejercicio de la función de interventoría. Algunos proyectos iniciaron su ejecución sin estudios previos, en tanto que la documentación de la etapa contractual no ha sido publicada en su totalidad, a lo que se suma ausencia de certeza en las cantidades de obra por tramos ejecutados.
Agrega la Contraloría que la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento básico en muchas regiones continúa siendo muy baja y persiste una significativa brecha urbano rural. Agrega que muchos de los contratos evaluados se encontraban suspendidos al inicio de las actuaciones especiales de fiscalización, algunos de ellos con periodos relevantes de suspensión, lo que genera incertidumbre sobre su culminación y puesta en funcionamiento a fin de satisfacer las necesidades de los servicios de acueducto, alcantarillado y gestión de residuos sólidos.
La Contraloría General encontró otras deficiencias, como sobrecostos en la contratación y adquisición de bienes y servicios, el pago de anticipos que no fueron debidamente amortizados, debilidades en la supervisión e interventoría, así como en la gestión de recursos para dar continuidad a los proyectos.
También infraestructura, bienes y servicios que no están en funcionamiento o no prestan el servicio para el que fueron construidos o adquiridos. Todos los contratos y proyectos evaluados presentaron, en general, problemas que ocasionaron demoras en su ejecución, entre ellos, suspensiones, ampliaciones de plazo, prórrogas, incumplimiento oportuno del objeto contractual, no se imponen multas y no se hacen efectivas las pólizas.
La mayoría de los proyectos auditados presentaron debilidades en planeación, especialmente en lo relacionado con ausencia de análisis de estudios de mercado, costos directos e indirectos sin desglosar, carencia de fichas técnicas para precisar las características de la prestación del servicio adquirido, sin precisar los soportes idóneos para soportar la legalización de las actividades realizadas por los contratistas.
