Haciendo honor a nuestra macondiana realidad y comprobando nuevamente que en muchas oportunidades la ficción supera la realidad, en el Congreso de la República hacía trámite una iniciativa del Gobierno Nacional encaminada a hacerle unos “ajustes” a la ley 996 de 2005 (Ley estatutaria de garantías electorales). Ley que entre otras, consagra una serie de restricciones relacionadas con la contratación directa y contratación de personal, dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales.
Al respecto creo que no hay que ser adivino para identificar las verdaderas intenciones que se persiguen con la modificación de la mencionada ley. Modificación que palabras más, palabras menos, busca abrirle la puerta a la contratación en plena campaña política, con el fin de dejar bien aceitada la maquinaria electoral. De hacerse realidad la reforma pretendida, la ley 996 de 2005 y sus propósitos de garantizar transparencia e igualdad electoral, quedarían como un bello saludo a la bandera.
Si bien el hecho de que un gobierno lidere este tipo de iniciativas es grave, es aún más delicada la manera en la que se ha querido adelantar esta iniciativa en el Congreso; queriéndola colgar como un “mico” en el proyecto de ley de presupuesto general de la nación, para la vigencia 2022. No hay que olvidar que en nuestro país existen disposiciones que disciplinan el proceso de elaboración, trámite y aprobación de las leyes, así como el principio de unidad de materia, llevando a que el “mico” tenga sus días contados, en caso de ser aprobado.
Considero que con el solo hecho de liderar y tramitar esta iniciativa, se está enviando por parte del Gobierno y del Congreso un mal mensaje al país, pues de forma clara se están violentando principios, normas y garantías electorales que fueron creadas con el fin de promover elecciones limpias y justas. Siendo, así las cosas, valdría la pena reflexionar sobre lo oportuno que puede ser para el país aventurarse a elegir al Procurador, Controlar, Fiscal y Superintendentes por medio de voto popular. Esto, con el fin de disipar el interés que generan las presidenciales y de evitar la existencia de “órganos y funcionarios de bolsillo”, garantizando de esta manera un adecuado balance entre el poder y el control.
