Uno de los mayores retos que tiene el gobierno nacional, para el segundo bienio que ha empezado para completar su mandato constitucional, es recuperar la seguridad en los territorios que se encuentran controlados por las organizaciones narcoterroristas, que producto de la laxitud gubernamental que han tenido, se han empoderado para seguir generando zozobra y terror en las familias colombianas y a los empresarios que viven en las zonas donde hacen presencia. Igualmente, el aumento de las áreas cultivadas de coca, que de acuerdo con estadísticas presentadas por el ministerio de Defensa Nacional representan 250.000 hectáreas y que cada día están creciendo con la anuencia del gobierno nacional. El narcotráfico se ha convertido en el material comburente para financiar todo el accionar violento de estas estructuras criminales.

Igualmente, hasta la fecha han fracasado las sanas intenciones del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, para buscar la paz total con toda la subversión y como estrategia, ha suspendido el accionar del aparato armado contra ellos. Ha sido el peor error del ejecutivo. Estas organizaciones han aprovechado la buena fe gubernamental para seguir fortaleciéndose militarmente y seguir aumentando los actos terroristas contras fuerzas militares, fuerza pública y la población civil.  Cada vez es más claro que los ceses del fuego de esta política pública están agravando la situación de seguridad en las regiones. El Huila, no se sustrae a este flagelo. Existen dos grandes motivos de preocupación. Uno es la falta de claridad sobre la implementación en el terreno de estos pactos, sobre todo en lo que atañe a protocolos y verificación, confusión que según algunos analistas ha llevado a la Fuerza Pública a una situación de incertidumbre que termina limitando su actuar. Y con esto los principales perjudicados son los ciudadanos.

En anteriores gobiernos, existía un solo actor en confrontación directa con el Estado. Actualmente son varias las estructuras criminales que están operando en estas regiones. Esto crea un escenario, en el mejor de los casos, sumamente complejo. Las familias huilenses han sido la peor librada, mientras se esperan que el ejecutivo nacional, haga una reingeniería en la búsqueda de la tranquilidad y la paz en las regiones. Debe alejarse de sus discursos retóricos que solo buscan confrontaciones hirsutas con los demás actores de la opinión pública. Abandone los sesgos ideológicos y cambie su actitud con los entes territoriales. Apóyelos sin condiciones partidistas. No profundice, ni radicalice sus expresiones discursivas. Busque alianzas con la clase empresarial y con todos los sectores políticos del país. Además, una decisión gubernamental del cese del fuego debe conducir a escenarios como los que se están viendo, en los que el Estado retrocede para que avancen los criminales, debe replantearse con urgencia. No se puede perder de vista en ningún momento que en una política de paz la prioridad siempre será la gente y su tranquilidad.