ERNESTO CARDOSO CAMACHO
La llamada dinámica de la política muchas veces se mueve a través de hechos jurídicos o legales que determinan las realidades a que se ven sometidos los gobernantes, los partidos, los candidatos y los electores.
Lo ocurrido con el presidente Petro con motivo de la decisión adoptada por su hijo Nicolás, en el sentido de aceptar que efectivamente es responsable penalmente de haber recibido dineros para la campaña electoral de su padre, constituye una realidad legal que afecta la elección del presidente, por dos razones. La primera, porque acepta ante la Fiscalía que algunos de tales aportes económicos provienen de personas vinculadas con hechos ilegales de narcotráfico y de corrupción. La segunda, porque se violaron los topes legales permitidos para dicha elección.
Con las pruebas que al respecto se ha comprometido a aportar ante la Fiscalía para obtener beneficios judiciales, en el marco procesal penal de la colaboración eficaz y del principio de oportunidad, podría lograr incluso su libertad provisional y una condena sustancialmente menor en relación con los tipos penales que se investigan.
Lo relevante en este caso es que, de concretarse dicha colaboración eficaz, la elección de Petro quedará manchada moral y legalmente, pues procederá entonces la Comisión de Acusaciones de la Cámara a decidir si encuentra mérito suficiente para que la plenaria de tal corporación formule acusación ante el Senado y allí se decida su suerte política, en un juicio por indignidad para el ejercicio de su cargo como presidente, lo que conduciría a su separación definitiva del cargo, así como de su fórmula vicepresidencial.
Como se observa, el asunto es de la mayor trascendencia constitucional y legal que conduciría a realidades políticas como la de convocar a una nueva elección presidencial. Por otra parte, los efectos de un hecho de tal magnitud, se reflejarían en la imagen internacional del país y sus consecuencias económicas en la confianza inversionista para la generación de riqueza y oportunidades de empleo.
En relación con el debate electoral en curso donde se renovarán las autoridades gubernamentales territoriales y locales, una situación como la descrita, probablemente habría de afectar a los candidatos y listas que se han inscrito con avales de los partidos de la coalición de gobierno para acceder a tales posiciones políticas.
En nuestro caso, la candidatura de Villalva que como todos sabemos es el verdadero candidato del gobierno; el cual tiene el inventado favoritismo por su amplia trayectoria de más de 30 años en el ejercicio del poder y una campaña soportada en el clientelismo electoral; dado que ostenta la gobernación con su pupilo Dussan; amo y señor de las 4 sedes de la USCO; así como de los 4 hospitales departamentales y de la CAM; pero además con una evidente y ostentosa financiación de contratistas; sería sin duda alguna el más afectado en su inexplicable aspiración de volver a ser gobernador. O tal vez si explicable, por la codicia por el poder y el dinero que caracteriza a los políticos que han gobernado durante los últimos 30 años.
Volviendo al tema de la evidente relación entre hechos jurídicos o legales y las realidades políticas y electorales, es indispensable referirse a la presunta inhabilidad del candidato Lara Sanchez.
Causal de inhabilidad prevista en el numeral 9 y su parágrafo del artículo 111 de la Ley 2200 de/22, frente a hechos evidentes por pertenecer a un sindicato gremial médico que ha contratado con el Hospital de Neiva, entidad de carácter departamental, durante el año anterior a su inscripción.
En el aspecto político, la candidatura del ilustre médico y exalcalde que llegó a última hora, como en un carro de fuego simulando ser el salvador del Huila, candidatura auspiciada por dos personajes de la política regional, ambos tan conocidos como desgastados en sus prestigio personal y político, como son los exsenadores Hernán Andrade y Ernesto Macías. Su aterrizaje, presentado como auspiciador de la unidad de los huilenses, lo primero que produjo fue la fuerte división del partido de gobierno Alianza Verde. Para muchos, su aterrizaje en el panorama electoral obedece a una clara estrategia para favorecer al candidato Villalva. Con estos dos hechos se demuestra que si existe una evidente relación entre lo jurídico y legal con las decisiones políticas y electorales. Le corresponde al elector discernirlas y actuar en consecuencia.
