ERNESTO CARDOSO CAMACHO
Ha existido entre analistas y comentaristas amplio consenso en señalar que este nuevo año promete estar cargado de nubarrones e incertidumbre. Los anuncios y ejecuciones del gobierno, así como los primeros acontecimientos del 2023 demuestran que efectivamente tales impresiones corresponden a certeras predicciones.
El entorno de la economía global sigue siendo amenazante por diversas circunstancias, especialmente por la inflación y la persistencia de conflictos geopolíticos que influyen en la producción y suministro de bienes y servicios.
En el nivel interno de nuestras realidades, ya se confirmó que la inflación se ubicó en 13.12%; sigue creciendo el precio de los combustibles; la oferta agrícola sufre los efectos de la ola invernal; el dólar ha iniciado cercano a los 5 mil pesos y los fundados temores por el incremento en el salario mínimo así como por los efectos de la reforma tributaria; permiten prever que tanto la producción, el consumo y el empleo serán un permanente dolor de cabeza para el gobierno y con serias consecuencias para todos los sectores sociales, especialmente para los más débiles.
Por otra parte, inquietan y mucho; los anuncios sobre el procedimiento adoptado por el gobierno para desarrollar su propuesta de paz total, mediante los respectivos decretos para cada uno de los sectores de la extensa criminalidad que agobia a la nación. Esa evidente confusión semántica y jurídica, entre negociación política y sometimiento a la justicia, permite presumir que será muy difícil establecer la línea divisoria entre una y otra, por donde podrían otorgarse beneficios y prebendas generadoras de impunidad.
Lo más inaudito en este tema es que se vuelva a negociar con carácter político con las llamadas disidencias de las farc, cuando ya tuvieron su oportunidad y prefirieron regresar al narcotráfico y la criminalidad, rearmados y con más de 3 mil combatientes según las cifras conocidas y con presencia en amplios sectores del país.
En este vital asunto nacional preocupan las incoherencias del gobierno. La postura del ELN, el grupo terrorista más violento, bien armado, protegido por Maduro y con más de 4 mil combatientes, ha comenzado su bien conocida estrategia negociadora para dilatar cualquier acuerdo, buscando obtener por lo menos, las mismas ventajas y beneficios otorgados a las farc. El haber desmentido al presidente sobre un acuerdo de cese bilateral deja muy mal parado al gobierno y la consecuente decisión de activar las acciones militares en su contra, podrían llegar a constituir un claro mensaje de endurecer las acciones violentas para la eventual negociación política.
Todo indica que exigirán y el gobierno Petro aceptará, como precio de la paz, la convocatoria a una constituyente donde se desmonte la estructura institucional, el régimen económico, social, cultural y ambiental vigente, único culpable, según ellos, de todas las desgracias nacionales.
En relación con el debate electoral de octubre deja muy mal sabor la postura del gobierno. Ordena acabar la feria clientelista de los 700 mil contratos de prestación de servicios en las diferentes entidades del Estado, con vigencia solamente hasta abril; pero ante los reclamos de los congresistas de su coalición y de gobernadores y alcaldes, reversa su decisión con la cual demuestra que su promesa de combatir la corrupción y el clientelismo electoral, son parte de la extensa demagogia del cambio prometido.
Como se aprecia, estos hechos, entre otros, que constituyen dolorosas realidades, confirman la sensación de que el gobierno Petro adolece de coherencia y falta de claridad, cuando la coyuntura internacional y nacional exige respuestas serias y bien estructuradas alejadas de populismo ideológico y demagogia.
