La Corte Suprema de Justicia negó a la senadora una tutela con la que buscaba evitar la extradición de su hermano, Álvaro, por narcotráfico. La Corte se prepara para definir su situación.
Álvaro Córdoba, el hermano de la senadora Piedad Córdoba, se encuentra detenido en una celda del pabellón de Alta Seguridad B en la cárcel La Picota desde febrero de este año, tras haber sido capturado por sus nexos con el narcotráfico.
En su momento, la senadora se quejó respecto a que dicha acción atentaba contra su integridad y la de su familia. “Basta de persecución política contra mí y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados”, señaló y solicitó que se mostraran las pruebas que soportan la acusación hacia su pariente. “Los reto. En la Comisión de la Verdad ya denuncié los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra”, dijo.
En agosto de 2021, Álvaro Córdoba Ruíz y un cómplice suyo, que también se encuentra detenido, se reunieron sin saberlo con un agente encubierto de la DEA. En dicho encuentro, que quedó grabado, Córdoba Ruíz se mostraba alegre por la posibilidad de movilizar 3.000 kilogramos de cocaína por mes, entre Colombia, México y Estados Unidos, teniendo como destino final la ciudad de Nueva York. Un mes después, uno de los socios de Córdoba Ruíz, dijo que sus fuentes de suministro se encontraban en capacidad y disposición para producir 8.000 kilogramos del narcótico cada cuatro meses y su movilización generaría ganancias de hasta $1.000.000 dólares.
En diciembre se cerró el negocio y en Medellín se hizo la entrega de una bolsa que contenía $15.000 dólares, que correspondía a un dinero que el hermano de la senadora y uno de sus socios consiguieron luego de ayudar a transferir cinco kilógramos de cocaína.
Al momento de ser capturados en febrero de 2022, la Corte del Distrito Sur de Nueva York los acusó de ingresar más de cinco kilos de cocaína y portar armas de forma ilegal, y se dictaminó que tanto Córdoba Ruíz como los implicados podrían llegar a enfrentar cargos por terrorismo y transporte de estupefacientes que tendrían como fin beneficiar a los carteles mexicanos y a las disidencias de las FARC que se encuentran lideradas por Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’.
El viernes, 13 de mayo se conoció que la Corte Suprema de Justicia negó una tutela, a principios de semana, con la que Piedad Córdoba y su hermano buscaban frenar la extradición de Álvaro Córdoba y las otras dos personas relacionadas, Amanda Palacio y Alberto Jaramillo. Radicado el 28 de abril, este recurso con el que los demandantes buscaban retrasar la decisión ya tomada, fue asignado al magistrado Luis Alonso Rico, quien resolvió de manera express el asunto tras dictaminar que la persona que intervino ante la Corte no acreditó ser representante de los Córdoba Ruíz.
Con esto, el despacho dirigido por la magistrada Myriam Ávila, quien lleva el caso, se prepara para discutir en la Sala Penal el pedido de extradición que llegó a Colombia desde Estados Unidos, el pasado 23 de marzo, por Álvaro Fredy Córdoba Ruíz, quien al momento de su detención alcanzó, incluso, a compartir lugar de detención con alias ‘Otoniel’.
Las reacciones por parte de la senadora no se hicieron esperar. A través de un mensaje dirigido a la Corte Suprema, advirtió que el proceso es realmente un montaje judicial con fines plenamente políticos que buscarían atentar contra su imagen en el Senado de la República.
Lo cierto es que por más querellas y mociones, las cosas no marchan bien para los Córdoba Ruíz, pues recientemente, una de las hermanas de Álvaro y Piedad, Martha Lya, habría intentado ingresar dos millones de pesos a La Picota, presuntamente dirigidos a su hermano. Tras esto, y la contundencia de las acusaciones, Álvaro Córdoba está más cerca de rendir cuentas ante la justicia estadounidense.
La decisión final de la Sala Penal se daría a conocer en los próximos días. Se prevé que el Gobierno daría su visto bueno para la extradición, pero la operación podría retrasarse si se llega a presentar otra tutela, pues la Corte dejó la puerta abierta para ello.
