El Huila se ha convertido en el más violento del país, de acuerdo con el informe proferido por las autoridades judiciales. En relación con la violencia contra la mujer en Neiva, durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2024, se registraron 811 casos, que fueron atendidos en el sector salud. Asimismo, este flagelo es responsabilidad de toda la sociedad, que en gran parte se debe a que las mujeres dependen económicamente de su pareja, quien se aprovecha de esta situación. Igualmente, la escalada de feminicidios y crímenes contra menores de edad que por estos días sacuden a Colombia, es un desafío ante el cual el Estado y la sociedad tienen la obligación de hacer mucho más. La indignación y la exigencia de justicia que se ven frente a cada nuevo crimen que ocurre en Colombia, claramente no son suficientes para ponerle freno a una violencia atávica que siega vidas de mujeres y niños.
Recientemente la Corte Suprema abrió un importante debate sobre la mejor vía para evitar impunidad frente a delitos como el feminicidio y otros que hieren profundamente los fundamentos de la sociedad. Así, mientras el gobierno nacional sancionaba la ley que elimina cualquier posibilidad de rebaja de penas para los feminicidas, la Corte y en esto, lo acompañan la Fiscalía y el mismo Ministerio de Justicia, sostienen que para lograr condenas y romper efectivamente la impunidad, se necesita eliminar las barreras legales que se han impuesto en los últimos 20 años para que los procesados por los delitos más graves, donde se incluyen los responsables de abuso sexual y asesinato de niños y jóvenes, puedan recibir beneficios penales a cambio de colaboración y allanamiento a cargos.
La violencia intrafamiliar es, como lo han señalado recientes informes, el delito que más ha crecido en el país durante este año. Con corte de mayo de esta vigencia, según cifras del Ministerio de Defensa, hubo 48.816 denuncias, un crecimiento del 51 % con respecto a las del periodo enero-mayo del año pasado. Y es también una de las conductas delictivas por las que se terminan dictando la mayor cantidad de absoluciones: cerca del 35 por ciento del total de sentencias adversas para la Fiscalía, según datos del Consejo de la Judicatura. Esa es una realidad que deben tener clara el Estado y el país mismo. Los feminicidios son la expresión más degradada de esa violencia que el Estado, en su función de prevención y protección, y particularmente el sistema judicial, con acompañamiento a las familias y seguimiento efectivo a los procesos, deben frenar a tiempo. Se endurece el tratamiento penal para quienes hayan sido condenados por feminicidio o estén detenidos preventivamente como sospechosos de ese tipo de casos. Ojalá estas medidas sean eficaces para contrarrestar estos delitos contra las mujeres.
