El Huila se encuentra entre las regiones más afectadas por las deficiencias en la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE según un informe reciente de la Contraloría General de la República. Los retrasos en la entrega del servicio y los problemas estructurales en las instituciones educativas han perjudicado a cerca de 100.000 estudiantes.
Diario del Huila, Primer Plano
En medio de un escrutinio nacional por parte de la Contraloría General de la República sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE), se conocieron alarmantes hallazgos que afectan a cientos de miles de estudiantes en varios departamentos del país. Entre ellos, el Huila como una de las regiones más perjudicadas, con cifras que evidencian una situación crítica en la prestación del servicio.
Durante un exhaustivo recorrido por instituciones educativas en los departamentos de Nariño, Huila, Cundinamarca y Córdoba, la Contraloría encontró que un total de 328 mil estudiantes están sufriendo las consecuencias de una deficiente entrega del servicio de alimentación escolar. Estas visitas, que incluyeron 34 instituciones en diferentes localidades, revelaron una serie de irregularidades que ponen en riesgo la salud y bienestar de los escolares.
Durante estas visitas, se llevaron a cabo inspecciones en tiempo real y de manera aleatoria en un total de 34 instituciones educativas. Estas incluyeron 8 en Nariño (2 en Pasto, 4 en Ipiales y 2 en Túquerres), 5 en Amazonas (4 en Leticia y 1 en Puerto Nariño), 7 en Huila distribuidas entre ETC Neiva y ETC Pitalito (2 en Garzón, 2 en Pitalito y 3 en Neiva), 4 en Cundinamarca en la ETC Girardot, y 10 en Córdoba (2 en Montería, 3 en Lorica y 5 en San Andrés de Sotavento). El propósito principal de estas visitas fue verificar que se cumplieran los lineamientos establecidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Entre los hallazgos más preocupantes se destacan las deficiencias en la infraestructura física de las cocinas y comedores, encontradas en el 60% de las visitas realizadas.
En el caso del Huila, estas deficiencias se observaron en 7 instituciones, lo que representa una situación alarmante para la región. Identificaron problemas como mesones en mal estado, falta de espacios para almacenamiento de alimentos y techos con filtraciones como factores que comprometen la adecuada prestación del servicio.
Además de los problemas estructurales, se evidenció un preocupante incumplimiento en la conservación de alimentos, afectando a un tercio de las instituciones visitadas. Se señalaron once de estas instituciones, incluyendo algunas en el Huila, por tener vegetales y frutas en mal estado o con signos de descomposición, lo que pone en riesgo la salud de los estudiantes.
Incumplimientos
Otro punto crítico encontrado por la Contraloría fue la falta de mecanismos adecuados de medición en el suministro de raciones, afectando al 35% de las instituciones visitadas. Esta situación, presente en 12 instituciones, incumple con los lineamientos del programa y dificulta la garantía de una alimentación balanceada para los estudiantes.
En cuanto a higiene y salubridad, se encontraron condiciones inaceptables en algunas instituciones, como la IE David Sánchez Juliao de Lorica, Córdoba, donde se hallaron excrementos de roedores junto al menaje. Estas condiciones insalubres, presentes en el 20% de las visitas realizadas, ponen en riesgo la salud de los estudiantes y evidencian una falta de mantenimiento adecuado en las instalaciones.
Para el caso específico del Huila, se estima que la deficiente prestación del servicio del PAE ha afectado a alrededor de 100.000 estudiantes. Además de las deficiencias estructurales, se identificaron problemas en la planeación y ejecución del programa, con un inicio tardío en comparación con el calendario escolar oficial.
“Se observó que el inicio del PAE principal, programado para el 29 de enero, se retrasó nueve días con respecto al inicio del calendario escolar (15-01-2024). En cuanto al PAE indígena, su implementación se llevó a cabo el 1 y 20 de marzo de 2024, 28 y 41 días después del inicio oficial del calendario escolar (22 de enero de 2024), respectivamente”, indica el documento entregado por la Contraloría General de la República.
La situación laboral de las manipuladoras también fue motivo de preocupación, con el 100% de las visitas identificando problemáticas en su vinculación laboral y afiliación a seguridad social. Esta vulneración de los derechos laborales afecta directamente la calidad del servicio ofrecido a los estudiantes.
Ante estos alarmantes hallazgos, la Contraloría General de la República ha hecho un llamado urgente a todas las entidades territoriales certificadas para que adelanten los trámites necesarios y garanticen la prestación del servicio de alimentación escolar con calidad y cumplimiento de los estándares establecidos.
Es fundamental que se tomen medidas inmediatas para corregir las deficiencias identificadas y asegurar el bienestar de los estudiantes en todo el país, especialmente en regiones como el Huila, donde la situación es especialmente preocupante.
Otros riesgos
Recientemente, el departamento del Huila ha generado una preocupante alerta, ya que alrededor de 30 mil estudiantes corren el riesgo de quedarse sin acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en esta región debido a la presión que los operadores del programa enfrentan en las instituciones educativas locales.
Según informó Edgar Martín Lara, secretario de gobierno del Huila, grupos delictivos, tanto al margen de la ley como de la delincuencia común, estarían detrás de estas amenazas económicas dirigidas a los proveedores del servicio en diversos municipios del departamento.
«Tenemos constancia de que grupos al margen de la ley están ejerciendo presiones sobre los proveedores de servicio en el Huila«, afirmó Martín Lara.
Las autoridades han recibido testimonios de algunos operadores que han manifestado su intención de retirarse de la prestación del servicio si estas presiones persisten. «Estas personas no cuentan con los recursos económicos para cumplir con estas exigencias, y además carecen de poder de decisión en el programa», añadió el secretario.
«La situación podría tornarse grave para el Huila. En caso de que la problemática de orden público continúe, nos veremos obligados a tomar medidas drásticas«, advirtió el funcionario.
