Un reciente estudio de Fedesarrollo, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), revela el alto costo económico del crimen y la violencia en Colombia. Según el informe, los costos directos de estos problemas ascendieron al 3,64% del PIB en 2022, lo que representa aproximadamente $68 billones. Esta cifra equivale al 78% del presupuesto anual destinado a educación y más del doble de lo destinado a asistencia social. Los costos derivados de la violencia en el país limitan los recursos que podrían dirigirse a sectores vitales, afectando de manera directa el desarrollo nacional.
El estudio destaca tres tipos de costos directos: en capital humano (0,88% del PIB), sector público (1,0% del PIB) y sector privado (1,76% del PIB). En el ámbito del capital humano, la violencia genera pérdidas de productividad debido a las víctimas de homicidios y delitos no letales, además de reducir la capacidad económica de quienes están privados de libertad. Por su parte, el sector público destina significativos recursos a mantener la seguridad, a través de la policía, el sistema judicial y penitenciario, lo que limita las inversiones en salud y educación. En el sector privado, las empresas deben cubrir gastos en seguridad, como vigilancia y seguros, recursos que podrían ser destinados a su expansión y modernización.
A nivel regional, Colombia ocupa la octava posición entre los 22 países de América Latina y el Caribe en cuanto a costos del crimen y la violencia como porcentaje del PIB, destacando así el impacto económico de este fenómeno en el país. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, enfatiza que estos costos no solo representan una pérdida de capital humano, sino que también afectan gravemente el desarrollo económico, privando a áreas estratégicas como educación, infraestructura e innovación de los fondos necesarios para su crecimiento.
El informe concluye que la violencia tiene un efecto perjudicial en sectores económicos clave como el turismo y el comercio, además de generar migración y reducir la inversión. Ante estos hallazgos, Fedesarrollo resalta la urgencia de implementar políticas de seguridad y administración de justicia más efectivas. Mejía subraya que una respuesta integral y sostenida puede ayudar a reducir los costos de la violencia, fortalecer la confianza ciudadana y mejorar el dinamismo económico del país, permitiendo un desarrollo más equilibrado y sostenible.
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