El próximo mes de noviembre se cumplirán cinco años de haber sido firmado el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc. Hasta el momento uno de los aspectos más polémicos ha sido la implementación, pues el Partido Comunes y otros sectores de la oposición han señalado que la administración Duque no ha avanzado lo suficiente; en tanto que el Gobierno dice lo contrario, y muestra para ello cifras sobre proyectos productivos y otras ayudas a los más de 10 mil excombatientes que se acogieron a este pacto, así como los progresos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDT) en 170 municipios.
El asunto es que para la última legislatura de este Congreso, que se iniciará el próximo 20 de julio, se anuncian debates de control político al Gobierno sobre el tema de la implementación citados por la oposición, en el que pedirá al Ejecutivo cuentas al respecto y es previsible que haga varios reparos.
Hace unos pocos días el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, hizo un balance de la implementación del Acuerdo, a propósito de la presentación del informe trimestral del Secretario General de las Naciones Unidas, sobre la Misión de Verificación de ese organismo en Colombia, en el cual se destacó que pese a la intensidad de la pandemia, son evidentes los avances en frentes como el apoyo a las víctimas, la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos y los PDET.
Archila dijo sobre el referido informe de Naciones Unidas que “nosotros aceptamos el llamado a continuar trabajando como lo venimos haciendo en todos los componentes de la implementación, particularmente exitoso en materia de respaldo a las víctimas, de sustitución voluntaria de cultivos y en Desarrollo Rural Integral”.
“En reincorporación vamos más allá de lo establecido en el Acuerdo. Aunque todos los apoyos para ellos estaban por terminar en agosto de 2019, incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo que seguiríamos por todo el tiempo necesario, en la medida que se mantengan en la legalidad”, expresó el consejero Archila.
Explicó que este Gobierno ha destinado $16.000 millones para la compra de 18 predios con el fin de avanzar hacia la consolidación de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR). Aquí habitan 2.579 excombatientes y sus familias.
Agregó que el Gobierno definió una estrategia para acceso a tierras para proyectos productivos y vivienda para las personas en proceso. Se destinaron USD 4.2 millones para compra de predios a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), “por lo que podemos decir que éste es el proceso de reincorporación más garantista del mundo. A través de las rutas habilitadas por el Gobierno Nacional y el apoyo en un predio por gestión de corresponsabilidad se han habilitado un total de 1.373 ha y que benefician 2.095 personas en reincorporación y sus familias”, dijo.
Agregó que más de la mitad de las personas en proceso de reincorporación (6.409) quiere optar por un proyecto colectivo o individual. Ya a mayo de 2021, se cuenta con un total de 2.799 proyectos productivos (colectivos e individuales) aprobados, los cuales vinculan a 6.687 personas en reincorporación (5.007 hombres y 1.680 mujeres), por un valor total de $66.121 millones, de este total $53.482 millones corresponden al apoyo del Presupuesto General de la Nación. La reincorporación económica acredita una población de 13.998, y el monto desembolsado por el actual gobierno asciende a $304.378 millones.
Dijo también Archila que en el informe (de Naciones Unidas) se reconoce, “como lo hemos venido señalando en varias oportunidades que las disputas entre actores armados ilegales por el control social y territorial continúan afectando a comunidades, defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes. De manera que se reitera que el país y el mundo sabían que se firmó el acuerdo en medio de otras violencias, las cuales no iban a terminar por el hecho de firmar con las extintas Farc-EP. No puede aducirse la persistencia de otras violencias al no cumplimiento de alguna previsión del Acuerdo”.
