Un nuevo capítulo se empezó a escribir en la investigación que se adelanta por la avioneta incautada con 446 kilos de cocaína en Providencia a finales de mayo pasado. Una Corte de Tampa, Florida, (Estados Unidos) abrió un expediente en contra del piloto, el ayudante y el capitán policía que fueron capturados por las autoridades colombianas.
Mientras se encuentran privados de su libertad en centros carcelarios, Juan Camilo Cadena Botero, Harold Darío Rivera Toledo y el capitán de la Policía, Jorge Isaac Aguilar fueron notificados del indictment (escrito de acusación) que existe en su contra en los Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses consideran que los tres procesados por estos hechos –y otros que serán vinculados con posterioridad- tenían conocimiento directo que estaban cometiendo un delito al cargar y transportar la cocaína. Para evitar llamar la atención de las autoridades “disfrazaron” la carga como ayuda humanitaria para el archipiélago afectado por el Huracán Iota.
En el aeropuerto El Embrujo de Providencia, las autoridades encontraron en medio de las ayudas humanitarias y las cajas con tapabocas el cargamento con la cocaína y 102 millones de pesos en efectivo. Para evitar su judicialización intentaron sobornar a los policías. En la investigación local se permitió establecer que Providencia era solo una escala puesto que el cargamento de cocaína pura tenía como destino los Estados Unidos con una ruta que ya había sido identificada.
Cadena Botero y Rivera Toledo enfrentan en Colombia un proceso por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado y lavado de activos; y el capitán Aguilar es investigado por tráfico de estupefacientes agravado. En las audiencias celebradas individualmente no aceptaron su responsabilidad en los hechos investigados.
Las autoridades señalaron que la avioneta partió de la base militar de Guaymaral en Bogotá. En ese lugar un grupo de policías –como aparece en un video de una cámara de seguridad- habrían subido los paquetes a la aeronave. El capitán Aguilar, además de conocer el contenido del cargamento se habría comunicado con otros agentes para que omitieran los controles y no revisaran el contenido del cargamento.
Los fiscales del caso ya recopilaron todos los videos de las cámaras de seguridad del hangar donde fue cargada la avioneta para identificar a todos los partícipes. No se descarta que sean vinculadas otras personas que intercedieron para que la avioneta saliera sin problema y no fuera sometida a los controles que exige la ley.
Por estos hechos, los dueños de la firma de aviación Interandes Helicópteros, Fernando Escobar y Miguel Jaramillo Arango, le solicitaron a las autoridades judiciales que los declararan como víctimas puesto que no tenían conocimiento de las actividades ilegales que se estaban cometiendo con la avioneta que alquilaron.
La Procuraduría General abrió también una investigación para determinar la participación, por acción u omisión, de funcionarios públicos implicados.
