Jaime A. Arrubla
Una de las mayores expresiones de la democracia, la caracteriza la libertad de expresión y de información. Advierte en este sentido el artículo 20 de la Constitución Nacional que: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”. Agrega el artículo 73 que: “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.
Por ello nos sorprendimos al comienzo de esta semana cuando una atinada periodista, reveló en su noticiero la presencia de un “mico” en la reforma que se prepara en el Ministerio de Justicia liderada por el viceministro de dicha entidad, con el propósito de lograr el sometimiento de bandas criminales, que podría atentar contra la libertad de prensa.
En dicha propuesta se lee lo siguiente: “A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados a través de medios virtuales masivos”
No se develó quién es el autor de semejante desatino. Rápidamente procedió el ministro de dicha cartera a señalar que quedaba eliminado del proyecto el oprobioso articulito. El contenido de la frustrada norma es lo que típicamente podríamos llamar censura. Lo que preocupa es cómo pudo llegar a dicho proyecto y en el Ministerio de Justicia; o si en realidad alguien al interior del gobierno puede estar pensando que ello pueda ser posible; o lo que es peor, que estamos improvisando en materia grave.
Un sabio gobernante de este país señaló alguna vez a propósito de la libertad de prensa, que “prefería una prensa exagerada a una prensa amordazada”, frase lapidaria que debería colocarse en letras de molde en ciertos despachos públicos. Ese es el ideal de toda democracia. El mismo presidente de la República ha reclamado su libertad de opinar, sin que le achaquen la fluctuación del volátil peso colombiano con relación al dólar; aduciendo ligeramente que los responsables de ello no son sus palabras sobre las políticas sociales, sino la actitud de los ricos que fugan sus capitales al exterior.
Está en todo su derecho de opinar, sin perder la perspectiva de que la dignidad que ostenta encarna la nación y lo que diga influye en su destino.
