Aníbal Charry González
De qué otra manera se pueden llamar Duque y los congresistas que aprobaron mediante un “mico” de los que acostumbran aprobar regularmente estos farsantes defraudadores de la voluntad popular, la suspensión de la Ley de Garantías, a sabiendas de que violaba la Constitución y la Ley -con el propósito doloso de favorecer a los candidatos de este régimen de corrupción en plena campaña electoral como lo estamos viendo por parte de este embustero que tenemos por presidente, que no ha escatimado esfuerzo alguno para apoyar al candidato presidencial Federico Gutiérrez a quien rodean 45 de los clanes políticos mafiosos que existen de 54 que depredan este país-, y así lo ha declarado la Corte Constitucional en un fallo cantado de antemano, precisamente por ser inconstitucional e ilegal.
Fue así como el supremo tribunal constitucional en su reciente pero extemporáneo fallo, afirmó que con la modificación de la Ley de Garantías se arrasó con la Constitución al tramitar el Ejecutivo el cambiazo como si fuese una ley ordinaria cuando debía hacerse como ley estatutaria, lo cual sabían a ciencia y paciencia Duque y los congresistas marrulleros que la aprobaron, con el garlito de que era necesario hacerlo para la recuperación económica por el covid 19, cuando no era más que una treta para meterle impúdicamente la mano a las elecciones al autorizar la celebración de convenios interadministrativos previos a la campaña electoral para negociar apoyos politiqueros a cambio de dinero como se acostumbra con el corrupto sistema político electoral que nos rige, que nos tiene sumidos en una cloaca sin fondo de corrupción generalizada.
Y digo que atinado por lo evidente de su inconstitucionalidad, pero tardío cuando el prevaricatazo cometido por Duque y sus secuaces del congreso alcanzó a cumplir su torcida finalidad al haberse celebrado contratos por 4 billones, cuando debió suspenderse la desviada norma como medida cautelar como lo solicitaron los demandantes para evitarla dada la palmaria violación de la Constitución, que ahora trata de enmendarse a mi juicio fallidamente, al hacer retroactivos los efectos del fallo dejando sin piso todos los convenios de ésta naturaleza que se hayan hecho desde que se alteró groseramente la norma en octubre de 2021, debiendo liquidarse en el estado en que se encuentren garantizando la respectiva devolución de los dineros que se hayan entregado, que ya sabemos no se logrará como no se logró la devolución de los dineros que se abudinearon en el Mintic.
Y es que al quedar confirmado el prevaricatazo por violar rapazmente la Constitución, Duque y su cuadrilla de violadores no pueden quedar impunes y tendrán que entrar a responder con su patrimonio el latrocinio cometido contra el presupuesto público y penalmente por el protuberante crimen si tenemos Estado de derecho, porque no puede cobijarse con la inviolabilidad de sus votos cuando se actúa de manera patentemente dolosa en un asunto de tanta sensibilidad colectiva, para tratar de afianzar una mafia politiquera que desde hace mucho rato con impudicia viene asaltando impunemente el presupuesto público en su taimado beneficio.
