La sed de tributos que tiene al gobierno nacional para buscar el financiamiento de su plan gubernamental ha permitido que algunos de los integrantes de su equipo económico, estén planteando que se incluya en el proyecto de reforma tributaria que se encuentra en discusión en el congreso de la república, un impuesto a las iglesias. Gustavo Petro en sus promesas electorales, expresó que no les iba a implementar tributos que afectara sus finanzas. La discusión nace porque algunas organizaciones religiosas, poseen millonarios activos que no pagan sus obligaciones tributarias y se encuentran exentas a raíz del concordato que el Estado colombiano tiene suscrito con el Vaticano. Lo que, sí es viable, es que muchas poseen grandes capitales provenientes de donaciones particulares y otras que están rentando, pero que no son utilizados para el desarrollo de los actos litúrgicos y los relacionados con las prácticas religiosas. Algunos expertos consideran que se deben gravar estos ingresos.
Desafortunadamente el apetito alcabalero que actualmente circunda por el legislativo, siguen escudriñando, otros sectores para incorporarlos en la normatividad de esta agreste e inoportuna modificación de la estructura tributaria del país, en momentos cuando los indicadores de pobreza son altos y la dinámica económica se encuentra en un sendero ascendente, como lo demuestran los indicadores económicos recientemente publicados por el Dane.
Hasta los combustibles los tienen en la mira el ejecutivo nacional. Las alzas también de los combustibles son una difícil pero inevitable decisión, cuyo impacto debe mitigarse. Esta medida golpea severamente a toda la población colombiana, especialmente los sectores más vulnerables. Estas medidas alcabaleras, han empezado a generar un repudio general en todas las familias, especialmente en la mayoría de los fieles que acuden semanalmente a las iglesias. Es un desgaste inoportuno.
Hemos sido reiterativos desde esta tribuna, que se deben explorar nuevas fuentes de financiamiento para el gasto público. La evasión y elusión, eliminación de las devoluciones del IVA, las exenciones, un ataque frontal a la corrupción, entre otras alternativas, le permitirían al fisco tener la oportunidad de sanear el abultado déficit fiscal y por ende, tener recursos frescos para financiar suficientemente el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que empieza a estructurarse. Tampoco se puede olvidar que esta subida se dará en medio de la discusión de más impuestos en la reforma tributaria. El equipo económico del Gobierno enfrenta el reto de encontrar el delicado balance entre la urgencia fiscal y los duros impactos sobre los hogares y las empresas. El crecimiento de este hueco ha sido de tal magnitud que, al parecer, solo para ellos, no se vislumbran salidas distintas a la definición de esas alzas programadas. Es momento que ponderen y analicen soluciones creativas que mitiguen en simultánea el déficit financiero y el impacto en calidad de vida.
