La columnista de El Espectador Cristina de la Torre, en un artículo publicado en la edición del pasado 17 de agosto que tituló ‘’Avalancha de presidentes convictos’’, destacando la tragedia de corrupción y violación de los derechos humanos en América Latina, se interrogaba con razón, si Colombia era el lunar entre los 11 países que en dos décadas había procesado por corrupción y violación de derechos humanos a 20 mandatarios, cuando la Fiscalía regida por un mediocre y politizado fiscal como Gabriel Jaimes, había pedido cerrar la investigación contra el expresidente Uribe, ignorando olímpicamente los 1554 folios de pruebas y argumentos que la Corte Suprema de Justicia había consolidado sobre el caso después de seis años de investigación.
Y la respuesta surge al canto en este bastión mundial de impunidad, para afirmar categóricamente que efectivamente es positiva, dado que no hemos podido condenar ningún presidente, no obstante que hemos tenido varios que han cometido graves actos de corrupción y de violación de los derechos humanos, al punto que elegimos como tal a uno financiado por las mafias del narcotráfico y nada pasó, por cuenta de un sistema de justicia, si es que así se puede llamar, en manos de la misma clase política corrupta que por supuesto garantiza esa vergonzosa impunidad donde somos líderes indiscutibles a nivel orbital lo cual saben de antemano los presidentes, que hace urgente con una reforma constitucional, la imposición de una justicia seria en la materia que le rape ese remedo de justicia de las manos contaminadas de la clase política.
Porque no puede ser posible que tengamos dos sistemas de justicia para los aforados según su conveniencia de impunidad, donde un funcionario de una Fiscalía de bolsillo y politizada como la que tenemos designado a dedo y sin ningún tamiz o concurso de méritos con en el caso del fiscal mandadero Jaimes, que además no tiene la altura jurídica ni la autoridad moral porque manipula las propias investigaciones en su contra como se ha sabido, salga en forma arrogante a descalificar las decisiones del máximo juez colegiado que existe para el juzgamiento de aforados como lo es la Corte Suprema de Justicia, deslegitimándola insólitamente para cumplir con un mandado siniestro de quien supuestamente procesa de manera independiente.
Eso no sucede sino en este país ínsula de la corrupción y la violencia impune, especialmente de quienes ejercen el cargo de presidentes, que sabedores como he dicho de ese régimen de impunidad, no reconocen las instituciones que administran justicia como en el caso de Uribe cuando profieren decisiones en su contra por parte de su juez natural, que posteriormente son desconocidas por un juez farsante de la conveniencia de quien procesa, convirtiendo en rey de burlas la justicia en un Estado de derecho como el nuestro, donde se supone no puede haber impunidad para los crímenes que se cometan por más encopetado que sea su autor, como no la hay en los demás países de América Latina que han condenado a sus presidentes corruptos y violadores de los derechos humanos.
