La Fiscalía imputó cargos a cuatro personas por presunta apropiación de más de 2.000 millones de pesos en contrato para proyecto de subsidios de vivienda de interés social rural en Tarqui y Suaza, Huila.
Las autoridades de la Seccional Huila han imputado cargos por el delito de peculado por apropiación a cuatro personas, tres de ellas pertenecientes a una misma familia, en relación con un caso de la gerencia de vivienda que el Banco Agrario ofertó para los subsidios de interés social rural en Tarqui y Suaza, Huila, durante el año 2015. La ejecución de dicho proyecto no se completó en su totalidad.
Los implicados en el caso son Adriana Marcela Peña Saavedra, su madre Alicia Saavedra Perdomo, su tío Jaime Saavedra Perdomo, y Diana Cedeño Chicaiza, quienes desempeñaron diferentes roles en el proceso. Según los peritos del Grupo de Administración Pública y de Criminalística del CTI, el monto de peculado asciende a más de 2.000 millones de pesos.
Se ha determinado que, de las 289 viviendas contempladas en el proyecto, solamente 64 fueron intervenidas, 29 en Tarqui y 35 en Suaza, con un valor superior a los 900 millones de pesos.
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Las irregularidades detectadas apuntan al manejo inapropiado de las 8 cuentas bancarias en las que el banco giró los recursos destinados a los proyectos (más de 3.000 millones de pesos). Sorprendentemente, la firma autorizada para realizar los giros era la de Jaime Saavedra Perdomo, cuando en realidad Adriana Marcela Peña Saavedra, la contratista y representante del consorcio, debía tener esa potestad.
El proceso de investigación reveló que el acusado firmó la emisión de 70 cheques, los cuales en su mayoría fueron girados a nombre de diversas personas naturales y jurídicas que no tenían ninguna relación con la ejecución del proyecto. Además, se efectuaron giros hacia sí mismo y hacia la contratista, así como abonos para la compra de vehículos y equipos de oficina, que no contribuían al desarrollo del contrato.
El proyecto en cuestión fue gestionado entre los meses de septiembre de 2014 y abril de 2016, y consistía en la administración de los recursos públicos destinados a ocho proyectos de vivienda de interés social rural en Tarqui y Suaza. Los recursos, provenientes del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías, ascendían a más de 5.2 mil millones de pesos.
En este punto, ninguno de los imputados ha aceptado los cargos presentados por la delegada fiscal, lo que indica que el proceso de investigación y judicialización continuará para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en este caso de presunta corrupción y malversación de fondos públicos.
