Labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia a una red criminal, que estaría conformada por exempleados de la desaparecida Telecom, abogados y funcionarios judiciales que generaron pérdidas millonarias a la extinta entidad.

El presunto articulador del andamiaje ilegal fue identificado como Camilo Torres Becerra. Este hombre fue el apoderado de cinco personas retiradas de Telecom, quienes presentaron una tutela para reclamar derechos sindicales y dineros que, supuestamente, no les fueron reconocidos durante el proceso de separación de sus funciones.

Los elementos de prueba dan cuenta de que la tutela fue asignada con un acta falsa a un juez Penal Municipal encargado. El funcionario judicial, en su último día en el cargo, aceptó las pretensiones de los accionantes, indicó que fueron despedidos injustamente y ordenó pagar salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social.

Para garantizar la entrega efectiva de los dineros, el fallo dispuso como medida cautelar el embargo y secuestro de las cuentas corrientes de Telecom en Barranquilla (Atlántico) por $1.792 millones de pesos. Al parecer, la suma fue entregada, a través de un título judicial, al abogado Torres Becerra. A la fecha, los recursos no han sido recuperados.

En las verificaciones se constató que la tutela no podía ser resuelta a favor de los extrabajadores porque, días antes, una acción similar y con las mismas pretensiones había sido negada por algunos juzgados laborales.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al señor Torres Becerra el delito de peculado por apropiación en favor de terceros. El cargo no fue aceptado por el procesado. Respecto al juez que decidió la tutela de manera irregular y permitió el detrimento patrimonial, la Fiscalía obtuvo condena de 60 meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.