Diario del Huila

Incendios forestales y los bomberos huilenses

Feb 2, 2024

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Alfonso Vélez Jaramillo

Las constantes informaciones sobre los “incendios forestales” que presentan profusamente ilustrados a través de los noticieros de televisión, desde los cuatro puntos cardinales del territorio nacional, son impresionantes.

Por tal razón, crece la intranquilidad por este enorme desafío que atenta contra la vida y puso a prueba la capacidad y preparación del Estado para enfrentar el flagelo que se cierne contra la naturaleza y la fauna.

La ministra del medio ambiente María Susana Muhamad González, asegura que, “sí hubo preparación importante del gobierno nacional”, pero se contradice y oficializa la incineración de unas 7 mil hectáreas, que le ha costado al país más de 700 mil millones durante un mes y apenas estamos empezando, ¡grave!

La declaración puso los pelos de punta, porque el daño es mayúsculo, razón que nos lleva a examinar el mismo escenario desde el Huila, para saber cómo estamos en esta materia en nuestro departamento.

¿Si está preparado el Huila, fundamentalmente el gobierno y los bomberos, para atender una emergencia grande?

Históricamente, este ha sido uno de los departamentos más afectados en Colombia durante la temporada seca por su clima cálido y ya llevamos hasta ayer 129 incendios forestales, con 688 hectáreas incineradas en 27 municipios, sin embargo, no existen datos oficiales sobre a cuánto ascienden las pérdidas económicas, con dos incendios activos aún, según la Oficina de atención de Desastres, que no el cuerpo de bomberos.

En los municipios, los incendios han sido apagados por los bomberos, con ayuda de la Defensa civil, pero esas instituciones no manejan los consolidados. La oficina de emergencia tampoco trabaja con la Dirección nacional de bomberos, como ordena la ley.   

Si no estoy mal y alcanzo a recordar, fue en el Huila donde nació la Ley 1575 de 2012, denominada Ley Nacional de Bomberos, que elevó la actividad bomberil a la categoría de servicio público esencial a cargo del Estado, pero, paradójicamente este es el único departamento que no cuenta con un coordinador departamental de bomberos.

A raíz de estos desastres, los cuerpos de bomberos “están de moda”. Pese a tener su propia ley, siguen en las mimas condiciones y afirman no tener los recursos ni el presupuesto necesario para funcionar, mucho menos operar en caso de emergencias como la que nos afecta por esta época, los bomberos son muy criticados, si no llegan a tiempo. 

Repito: La ley 1575 de 2022 de bomberos, decreta la “Gestión Integral del Riesgo contra Incendio y Calamidades Conexas que Amenacen Riesgo a la Vida, los Bienes y el Medio Ambiente”, nació en el Huila, pero aquí no se cumple.  

Digo que la ley tuvo inicio en el Huila, debido a cuando fue creada en los años 2011 y 12 sonaba bastante como autor, gestor y ponente un bombero de Pitalito Carlos Augusto Rojas Ortiz, conocido precisamente como “llamarada”.

Rojas Ortiz, era de manera simultánea representante a la Cámara, “quien con alma vida y sombrero” defendía su proyecto en los medios de comunicación. Es decir, era innegable su amor a la actividad bomberil y convocaba a sus colegas de todo el país para darle impulso legítimo a la creación a la ley de los bomberos.

En el Huila existen 38 cuerpos de bomberos, uno por cada municipio, 37 son voluntarios, más el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva, de los cuales apenas solo 30 cuentan con el Certificado de operatividad de la Dirección Nacional de Bomberos.

Esta ley, registra su capacidad de respuesta, nivel de preparación, sus equipos, y lógicamente sus presupuestos y sus fuentes de financiación para funcionar. 12 años después todos siguen siendo muy pobres y en más de una ocasión se ha visto a bomberos tratando de apagar incendios llevando agua en el casco.

Es Inaudito y vergonzoso que 12 años después es muy visible el enfrentamiento entre los bomberos oficiales de Neiva, y los cuerpos de bomberos voluntarios, que integran, precisamente, personas que de manera desinteresada prestan su servicio, sin tener vinculación como funcionarios del gobierno.

Es esencial precisar que la ley ordena que en cada departamento con cargo al presupuesto debe existir un coordinador departamental de bomberos que dependa directamente del despacho del gobernador, este funcionario es el encargado de coordinar las acciones de la política pública de gestión del riesgo entre la gobernación, los cuerpos de bomberos y la comunidad, pero en el Huila no lo hay, no ha sido nombrado.

Y como en la gobernación no existe el cargo de coordinador adscrito al despacho del gobernador, dichas funciones se las colgaron a la Oficina de Emergencia Departamental que coordina una funcionaria que no es bombero y se aferra al cargo hace años por una acción judicial y no por competencia académica y funcional.

Es más, la misma Oficina de emergencia pertenece a la secretaría de gobierno, y según la ley 1523 por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, debe ser adscrita al despacho del gobernador,

 La ley 1523 de 2012 le otorga mayor responsabilidad y sin las ataduras burocráticas para tomar decisiones rápidas en caso de emergencias, de las cuales no estamos exentos.

Existe un riesgo latente y un desafío enorme que pone a prueba la responsabilidad y la preparación del Estado para salvaguardar la vida, los bienes, la naturaleza y la fauna de una nación entera.

Por tanto, se advierte que, en caso de un desastre, la ley involucra a todos los actores, cuya responsabilidad recae sobre las autoridades entidades territoriales municipales y departamentales, quienes deben prepararse para momentos de crisis en caso de catástrofes.

Este engranaje legal garantiza, al menos en el papel, la prestación de este servicio fundamental a través de los cuerpos de bomberos oficiales de manera directa, mediante la celebración de contratos con los cuerpos de bomberos voluntarios de cada municipio.

Los bomberos se quejan siempre de no tener equipos de prevención, presupuestos y ni siquiera uniformes, por tanto, este es un campanazo de alerta para que el gobierno y las demás autoridades tomen cartas en el asunto y después no digan que no les avisaron.

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