Desde que se iniciaron los diálogos de paz en la Habana con la organización narcoterrorista del ELN, se empezaron a generar diversas controversias y un pesimismo generalizado sobre el futuro de èstas, por los antecedentes que se tenían en otrora, porque habían incumplido las reglas de juego, por el accionar belicista que continuaban desarrollando en detrimento del bienestar general de las familias colombianas. Recordemos lo ocurrido a finales de diciembre del año anterior. La sorpresiva noticia de un cese del fuego bilateral acordado con los cinco grupos armados ilegales, que habían sido los principales responsables de la violencia en el país, anunciada por el presidente Gustavo Petro a minutos de terminar el 2022, tuvo horas después un giro inesperado cuando la guerrilla del ELN negó públicamente haber llegado a tal acuerdo con el equipo de Paz del Gobierno.
Fue una situación lamentable. Significó que la guerrilla seguirá manteniendo activo su aparato criminal, que es responsable de muertes, amenazas y violaciones de los derechos humanos en los departamentos que tienen presencia y que vienen permanentemente hostigando a la población en general. Por este motivo, no es extraño, que las afirmaciones del jefe de la delegación del presidente Gustavo Petro en los diálogos con esa guerrilla, Oty Patiño, donde se señala que han tenido conocimiento oficial de que el secuestro perpetrado el pasado 28 de octubre, en Barrancas, departamento de La Guajira, del que fueron víctimas Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, padre y madre del jugador de fútbol, Luis Fernando Diaz Marulanda, fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN.
Inmediatamente le llegaron presiones desde todos los sectores de la opinión pública para que sea liberado sano y salvo. Todos estamos de acuerdo que el secuestro es una práctica criminal, violatoria del Derecho Internacional Humanitario, y que es deber del ELN en el desarrollo del actual proceso de paz, no solo dejar de ejecutarla, sino además, eliminarla para siempre. Este episodio constituye también un campanazo sobre la responsabilidad con la que todos los funcionarios públicos, empezando por el presidente, deben manejar los delicados temas de la paz. Un campo en el que no hay lugar para las improvisaciones, las zonas grises y las interpretaciones que, por bien intencionadas que puedan ser, acaban minando la credibilidad de procesos de negociación. Cuando no la del propio jefe del Estado y el Gobierno.
Es un hecho muy grave, repudiable y censurable lo que ha ocurrido con el padre de este talento nacional del balompié colombiano, que nos ha brindado grandes satisfacciones por los triunfos de la Selección Colombia y en su paso por clubes extranjeros, dejando en alto el tricolor nacional. Estos hechos ensombrecen la imagen del país en el ámbito internacional. Deben dar muestras de sinceridad y evitar que se sigan presentando estos actos repudiables en todo el país y el mundo.
