Gloria Camargo
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfrentado críticas recientes debido a su intención de asumir el control de las comisiones de regulación de servicios públicos a nivel nacional. Aunque el decreto que permitía la reasunción de estas funciones fue suspendido provisionalmente, el tema sigue siendo motivo de controversia.
El Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 presentado por el gobierno plantea la misma idea de que el gobierno nacional asuma funciones reguladoras para los servicios públicos y que tome decisiones para cambiar los manejos que se vienen dando. Sin embargo, algunos expertos y analistas han advertido sobre los peligros de esta medida, en particular sobre la posibilidad de que se determinen las tarifas de los servicios públicos sin un análisis técnico objetivo.
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En este sentido, la organización Probogotá Región y el Consejo Privado de Competitividad han expresado su preocupación por el impacto que podría tener esta medida en los usuarios y ciudadanos comunes, quienes deberían ser el principal beneficiario de la prestación de los servicios públicos. Según ellos, la función reguladora debe centrarse en garantizar la competencia y la calidad del servicio al menor costo posible para el usuario final.
Pero este no es el único punto crítico del Plan Nacional de Desarrollo. También ha habido opiniones negativas por parte de estas mismas organizaciones en otros aspectos como el ordenamiento territorial, la infraestructura, la contratación pública, la política de catastro y la discrecionalidad en la orientación del gasto.
El debate sobre el papel que debe desempeñar el gobierno en la regulación de los servicios públicos no es nuevo en Colombia, y ha sido motivo de discusión en diferentes momentos y bajo diferentes administraciones. Lo que está en juego es el equilibrio entre la necesidad de regular y supervisar estos servicios para garantizar su calidad y accesibilidad, y el riesgo de que las decisiones políticas puedan afectar negativamente a los usuarios y ciudadanos comunes.
